¿Lesiona al Congreso el artículo 59 del Presupuesto?

Congresistas de distintos partidos consideraron como “un golpe” al Congreso Nacional el artículo 59 del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019 que autorizaría al Poder Ejecutivo a vender acciones de bienes del Estado por hasta un monto de un 10 por ciento de la deuda del sector público no financiero.

Para la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, el artículo 59, que otorgaría al Gobierno fondos por una enorme cantidad de millones de pesos, sería como “una negación de nuestro rol fundamental” como congresista.

“Darle la potestad al presidente de solamente informar al Congreso es una falta de respeto al primer poder del Estado y una carta abierta. Es un insulto que se parece a la CREP”, afirmó Bournigal, quien es miembro de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Presupuesto de 2019.

Mediante una comunicación al senador Dionis Sánchez, presidente de la comisión bicameral, la diputada Bournigal solicitó ayer eliminar del proyecto de Presupuesto de 2019 el artículo 59 por “entenderlo improcedente, inadecuado y provocador”.

En el documento al que tuvo acceso Diario Libre, la diputada por Puerto Plata planteó que el momento actual exige al Estado propiciar la transparencia “y en modo alguno prestarse para suprimir las atribuciones intrínsecas del Congreso Nacional”.

Criticó además el párrafo parte del artículo 59 del Presupuesto que otorgaría al Ministerio de Hacienda a “a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en los casos que resulten necesarias, cuando se efectúen algunas de las operaciones previstas en el presente artículo”, por entender que esto también es facultad del Congreso Nacional.

También Fidel Santana, el vocero del bloque de diputados Frente Amplio – Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, consideró que “no solo es inconstitucional porque violenta el hecho de que solo el congreso está autorizado a aprobar este tipo de ventas sino que se constituye en una práctica consuetudinaria que coloca al Congreso como un sello gomígrafo para legalizar acciones ilegales”, aseguró.

Mientras que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Rafael Calderón, aseguró que “ahí no hay nada que sea ilegal” porque el Poder Ejecutivo no lo aceptaría.

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