Entre la militarización y la justicia transicional: ¿La nueva encrucijada de López Obrador?

Varias organizaciones de México esperan que el presidente implemente una política sobre verdad, justicia y reparación a la víctimas de la violencia y que ponga fin a la alarmante impunidad.

A cincuenta y ocho días de su llegada a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador está en un momento crucial para implementar una agenda de justicia transicional en el país, tal como prometió en campaña, aunque en este tiempo ha enviado señales que parecen echar abajo esa promesa.

Con 274.389 asesinatos en los últimos doce años, 40.180 personas desaparecidas y 329.917 personas desplazadas como consecuencia de la violencia, la justicia transicional se planteó como una ruta posible para combatir la impunidad en el país.

Conformada por un conjunto de herramientas que sirven en contextos de violencia a gran escala, como el caso mexicano, la justicia transicional está fundamentada en cuatro pilares: verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición

En plena campaña presidencial, durante el ‘Diálogo por la Paz y la Justicia’ al que convocaron organizaciones de derechos humanos, López Obrador se comprometió con la creación de una Comisión de la Verdad, destacando que daría «todas las facilidades del Gobierno» para que se investigue sin ninguna restricción.

Cuestionado sobre la posibilidad de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, otro de los mecanismos usados en la justicia transicional, el entonces candidato presidencial de Morena dijo: «Estoy totalmente de acuerdo, abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en nuestro país«.

El papel de las Fuerzas Armadas

Hoy el panorama es muy distinto y la política de seguridad del Gobierno mexicano parece ir en sentido contrario de los países que adoptan este modelo de justicia como salida al conflicto, de acuerdo con especialistas.  

El Gobierno federal, con mayoría en las ambas Cámaras, ha avanzado en la propuesta de crear una Guardia Nacionalconformada por elementos de las Fuerzas Armadas, bajo la formación y capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa que fue criticada por académicos y defensores de derechos humanos, al considerar que reforzará la estrategia de militarización en el país y alejará a las instituciones civiles de las labores de seguridad pública. 

«En contexto de países que están en transición de conflicto, usualmente se busca la desmilitarización de la seguridad pública y que queden bajo un mando civil. Nos estamos yendo en sentido contrario con la Guardia Nacional», dice Daniela Malpica Neri, directora de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos (JUSRED). 

Entre 2006 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 10.917 quejaspor violaciones a derechos humanos por parte de la Sedena y emitió 125 recomendaciones a esta institución.  

Para algunos especialistas, la vinculación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la vida pública despierta también dudas sobre si los crímenes cometidos por éstas serán finalmente investigados.

«No veo a un presidente encomendándole a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad y al mismo tiempo creando un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad que probablemente le quite a un importante segmento de las Fuerzas Armadas, porque están involucrados en delitos», dice en entrevista José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Guevara explica que hay una deuda histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, desde casos de tortura al momento de la detención hasta desaparición forzada.

«No sabemos cuántos militares de la ‘guerra sucia’ que cometieron esas atrocidades están ahorita vivos y siguen en las filas de las Fuerzas Armadas; desconocemos cuántos de los militares cometieron atrocidades en la guerra contrainsurgente zapatista y la guerra sucia contrainsurgente en Oaxaca y Guerrero (suroeste de México) en los años 90″, dice.

Malpica Neri coincide en que pese a las reiteradas recomendaciones que ha emitido la CNDH en contra de militaresson pocas las sentencias por tortura, desaparición, ejecuciones.  

«No hay rendición de cuentas por todos estos delitos», dice Malpica Neri en entrevista con RT. 

En un hecho sin precedentes y que abona a la transparencia, López Obrador se comprometió el miércoles a «abrir los archivos secretos» del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia, una instancia acusada de espiar a políticos y opositores del Gobierno durante décadas.

Propuesta ciudadana de justicia

El pasado miércoles, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento con propuestas para la construcción de una política sobre verdadjusticia y reparación a la víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos.

La propuesta contempla la creación de las siguientes instancias:

  • Un Mecanismo Internacional para Combatir la Impunidad.
  • Una Comisión Nacional de la Verdad.
  • Una política de reparación a víctimas.
  • Un sistema de participación de víctimas para ayudar en la construcción, diseño e implementación de esta política.

A diferencia de otros países como Guatemala, Chile, Perú y Argentina, México no viene de una guerra civil o una dictadura militar, pero vive una violencia generalizada

Como explica el académico Guillermo Trejo en un análisis reciente, «ponerle fin a la larga noche de violencia en la que México está atrapado (…) requiere de medidas extraordinarias«.

Malpica Neri coincide que ante la gravedad del contexto mexicano, ya no hay manera de responder a las víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos como tendría que hacerlo un verdadero Estado de derecho.

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