Finjus cree resolución de JCE es por su compromiso de garantías para elecciones 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) analizó la resolución recogida en el acta No. 12-2018, emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que ordena la suspensión de todas las actividades proselitistas de los precandidatos a las elecciones del 2020.

En documento de ocho páginas, Finjus dice que “a luz de artículo 6 de la vigente Ley Electoral No. 275-97, el objetivo que ha planteado la JCE para sustentar su decisión se corresponde con el compromiso de ese órgano de rodear el proceso electivo del año 2020 de mayores garantías, para fortalecer el torneo electoral y permitir un ejercicio más eficaz de los derechos políticos que le son propios a los ciudadanos”.

Señala además que “la resolución parece constituirse en un asunto que transversalmente garantiza las condiciones de igualdad que deben primar en cualquier sistema democrático”.

El organismo también indica que aunque considera que el reglamento es una oportunidad para garantizar una competencia político-electoral en condiciones de igualdad, como base del sistema democrático, este podría tener diversas lecturas y una de ellas es que se podría considerar como una violación a la libertad de reunión, que es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente.

‘’La sociedad dominicana está muy preocupada por los aprestos proselitistas de numerosos precandidatos en un período muy prematuro y faltando prácticamente dos años para la celebración de la próxima contienda electoral”, resaltó el organismo, al indicar que esta situación dañaría “irremediablemente” el ambiente de paz que requiere la sociedad para lograr sus objetivos y realizar sus labores cotidianas.

Según indica en el documento firmado por su vicepresidente Servio Tulio Castaños, “la discusión debe girar en torno a si los presupuestos que estableció la JCE en su decisión representan o no controles institucionales para el orden democrático y pueden contribuir a actuar como garantías de un torneo electoral justo y con amplia participación de la ciudadanía en este proceso”.

La institución precisa además, que las diversas discusiones y debates que ha generado la resolución emitida por la JCE, no tendrían razón de ser si el órgano electoral contara con una Ley Electoral coherente con la Constitución del 2010 y los partidos y agrupaciones políticas estuvieran sometidos al control mediante una ley moderna, como la que exige toda la sociedad desde hace más de 20 años.

Finjus hizo un llamado a la población a valorar esta oportunidad de iniciar el proceso de regularización de la actividad proselitista y electoral por parte de la JCE, órgano constitucional en esta materia.

‘’El sistema democrático de nuestro país requiere la aplicación de regulaciones que puedan garantizar los principios que permiten denominar al país como un Estado Social y Democrático de Derecho”, sostiene la Finjus.

La resolución de la JCE

El pleno de la JCE dio el 20 de junio, un plazo de cinco días a los aspirantes para que suspendan sus actividades proselitistas, por considerar que transgreden las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales, así como las disposiciones reglamentarias y estatutarias de los partidos. Esto en el sentido de que ninguna de las organizaciones políticas ha declarado formalmente, a través de sus órganos estatutarios, el inicio de un período de precampaña interna que permita la selección de sus candidatos.

La suspensión de la JCE abarca todas las actividades proselitistas que incluyan: movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en los medios de comunicación, utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.

Incluye además el uso de altoparlantes que emitan consignas alusivas a las aspiraciones personales.

En su decisión, el pleno refiere que los aprestos electorales y manifiestos, en las vías públicas como en los medios de comunicación, resultan en estos momentos extemporáneos y fuera de toda la previsión legal.

“Esta institución tiene absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes, para exigir el cese inmediato de las actividades mencionadas, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”, refiere la decisión del pleno.

Los miembros de la JCE, reunidos en pleno, solicitaron al Ministerio de Interior y Policía, a las gobernaciones provinciales del país, y a las alcaldías de los municipios, su colaboración para la ejecución de la medida.

La disposición está firmada por Julio César Castaños Guzmán, presidente; así como los miembros titulares, Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Juan Bautista Cuevas (suplente del titular Henry Mejía).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *