El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó este domingo el nuevo Código Penal, un avance histórico que sustituye la legislación vigente desde 1884. Tras décadas de intentos fallidos, este marco legal, respaldado por los partidos mayoritarios, moderniza el sistema penal con herramientas más eficaces para garantizar la seguridad ciudadana y perseguir los delitos que amenazan la convivencia social.
El nuevo Código Penal se define como un instrumento clave para la protección de derechos, el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la criminalidad. Entre sus principales innovaciones destacan la tipificación de delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal y la intermediación financiera no regulada. También se incluyen figuras como la instigación al suicidio, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, el autosecuestro y la obstrucción a la justicia. Además, se incrementan las penas por violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
Las condenas se elevan hasta 40 años de prisión, extendiéndose a 60 años en casos de delitos graves concurrentes. Asimismo, se establecen medidas sociojudiciales como la vigilancia postpenitenciaria, el registro de agresores sexuales y programas de reeducación para facilitar la reinserción social. Por primera vez, se reconoce la responsabilidad penal de personas jurídicas involucradas en actos delictivos por negligencia o acciones de sus representantes.
El texto refuerza las órdenes de protección para víctimas de violencia de género, intrafamiliar o cualquier agresión que ponga en riesgo su integridad. En la lucha contra la corrupción, se amplían los plazos de prescripción, se endurecen las sanciones y se inhabilita a los condenados para ocupar cargos públicos. Los delitos sexuales contra menores y personas vulnerables tendrán un plazo de prescripción de 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.
Más allá del enfoque punitivo, el Código incorpora mecanismos preventivos y resocializadores, reafirmando que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Con esta reforma, la República Dominicana abandona un marco normativo obsoleto y adopta un modelo de justicia moderno, alineado con los principios de un Estado democrático de derecho.
La nueva legislación entrará en vigencia en un plazo de 12 meses.