Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal Dominicano, los funcionarios públicos enfrentan ahora un régimen de sanciones mucho más estricto en materia de corrupción, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión y multas millonarias.
El nuevo marco legal contempla castigos severos para quienes incurran en delitos como coalición de funcionarios, concusión, cohecho (activo o pasivo), tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, alteración de precios, sobrevaluación ilegal, peculado, y pagos irregulares en contratos administrativos.
De acuerdo con el artículo 285 del Código, si los montos involucrados en el acto de corrupción superan los mil salarios mínimos del sector público, el infractor será sancionado con entre 10 y 20 años de prisión mayor, multa de 10 a 20 veces la suma envuelta, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 20 a 30 años.
En casos de concusión —cuando un funcionario exige o percibe fondos de forma indebida— se aplicarán penas de 5 a 10 años de prisión mayor y multas de hasta 20 veces el monto recibido.
Asimismo, aquellos que obtengan beneficios económicos ilegales mediante operaciones o empresas enfrentarán penas similares: entre 5 y 10 años de prisión y multas equivalentes de 10 a 20 veces la suma obtenida.
El Código también sanciona el enriquecimiento ilícito. Si un funcionario no puede justificar el origen lícito de su patrimonio, será condenado con 5 a 10 años de prisión mayor y multas de entre 4 a 10 veces el valor de los bienes.
La nueva legislación marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país, imponiendo castigos ejemplares a los servidores públicos que se valgan de sus cargos para obtener beneficios económicos o usar recursos del Estado en provecho propio o de terceros.