El Ministerio Público ha solicitado este viernes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra seis de los principales implicados en la red de fraude informático desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, mientras que de forma paralela pide la misma medida para otros cuatro miembros de la estructura que son reclamados en extradición por Estados Unidos.
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago tiene pautado conocer esta tarde, a las 4:30 PM, la solicitud de medida de coerción contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
La fiscalía, encabezada en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, solicitará además que el proceso sea declarado complejo, argumentando que se trata de una estructura de criminalidad organizada con múltiples imputados y un gran número de víctimas, en su mayoría personas de edad avanzada residentes en Estados Unidos.
Simultáneamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conocerá también en la tarde de hoy la solicitud de prisión preventiva con fines de extradición contra Oscar Manuel Castaños García (alias Oscar Castaños), Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez.
Los cuatro son reclamados por la justicia estadounidense para enfrentar cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero.
La Operación Discovery 3.0, ejecutada esta semana, es el resultado de más de dos años de investigación. Las autoridades lograron identificar y desarticular un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos.
La ofensiva implicó la ejecución de 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, en los que participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional. La operación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI), que realizó análisis simultáneos en los estados de California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.