El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.
POR CARLOS SALCEDO
La crisis venezolana no es solo la historia de un modelo populista agotado; es también un laboratorio jurídico y político donde se cruzan sanciones internacionales, acusaciones de narcotráfico y estrategias de aislamiento diplomático. Nicolás Maduro y su círculo cleptocrático, caracterizado por el uso de los recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito y corrupción, enfrentan hoy no solo el repudio moral de millones de venezolanos, sino también un cerco legal que va desde la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos hasta las resoluciones de organismos multilaterales.
La jurisdicción extraterritorial y el caso Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido cargos criminales contra Maduro y altos mandos de su régimen, acusándolos de encabezar un cartel de narcotráfico denominado “el cartel de los soles” (se debe a las insignias que llevan en los uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB-).
Estas acusaciones se basan en el principio de jurisdicción extraterritorial, que permite a un Estado perseguir delitos cometidos fuera de su territorio cuando afectan su seguridad, su economía o la seguridad internacional.
No es un recurso menor: se aplicó contra capos del narcotráfico colombiano y contra funcionarios extranjeros acusados de corrupción y lavado de activos. La figura jurídica tiene un claro objetivo político: deslegitimar al régimen venezolano, ponerlo al nivel de un cartel y preparar el terreno para una transición forzada.
El papel del derecho internacional público
La OEA y la ONU, aunque con limitaciones, han sido escenarios donde se ha denunciado la violación sistemática y grave de los derechos humanos en Venezuela: represión, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha documentado esos crímenes, y algunos juristas sostienen que constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
De hecho, la CPI mantiene abierto un expediente sobre Venezuela. Aunque el régimen intenta desacreditar el proceso, su sola existencia confirma la dimensión internacional de la crisis.
Populismo agotado y economía devastada
El populismo bolivariano, dictadura de partido único de facto, heredero del chavismo, transformó la renta petrolera en un mecanismo de clientelismo político. Pero sin producción, sin inversión y con corrupción generalizada, el modelo colapsó. Venezuela es hoy el ejemplo más dramático de que el neopopulismo rentista no es sostenible: cuando los precios del petróleo caen, se derrumba también el edificio ideológico.
La hiperinflación, el colapso institucional y la migración de más de siete millones de venezolanos son el saldo más evidente de este fracaso.
Los aliados ideológicos de Caracas
Cuba, Nicaragua, Bolivia, con régimenes autoritarios de izquierda o socialismos del siglo XXI, y ciertos países caribeños han defendido a Maduro, ya sea por afinidad ideológica o por dependencia económica. Pero ese respaldo es cada vez más frágil.
Las sanciones económicas, financieras, militares, políticas, diplomáticas y presiones judiciales y de seguridad de EE. UU. alcanzan a quienes faciliten transacciones ilegales con Venezuela, lo que ha disuadido a muchos de comprometerse más allá de lo retórico.
Estados Unidos y la reconstrucción de un bloque hemisférico
La estrategia estadounidense recuerda a los tiempos del ALCA, aunque con nuevos objetivos: asegurar fuentes de energía, frenar la migración y contener a China y Rusia. Países como Colombia, Brasil y Chile son socios activos en este cerco, convencidos de que la crisis venezolana desestabiliza toda la región.
El desenlace
El populismo liberal en Venezuela está condenado por su inviabilidad económica y por la presión internacional. El reto será gestionar la transición sin que se convierta en un vacío de poder o en un conflicto armado. La salida pasa por un acuerdo entre sectores de la oposición y disidentes del chavismo, bajo garantías internacionales.
Lo cierto es que, más allá de la política, la historia venezolana actual se escribe también en los códigos penales, en las resoluciones multilaterales y en los expedientes de la CPI. El populismo, disfrazado de revolución, terminó en la antesala de los tribunales.
jpm-am
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