El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
El escándalo de SeNaSa no solo refleja irregularidades internas, sino que destapa un fallo estructural más amplio: las instituciones del Estado llamadas a supervisar, auditar y controlar tampoco lograron activar las alarmas a tiempo.
SISALRIL, Contrataciones Públicas, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General tenían roles precisos en este engranaje, pero la corrupción avanzó sin ser detenida.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) debía ser el principal guardián del sistema, verificando los reportes financieros de las ARS y asegurando continuidad de los servicios. Sin embargo, su dependencia de la data autodeclarada por las propias ARS la convirtió en un supervisor ciego.
Si SeNaSa maquillaba cifras mediante una doble contabilidad, la superintendencia quedaba atrapada en un espejismo de legalidad.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tenía el mandato de velar por la transparencia en los procesos de compras de medicamentos y servicios. No obstante, muchas operaciones se realizaron por la vía de regímenes excepcionales o procedimientos internos, lo que redujo la visibilidad pública. El resultado fue que las adquisiciones quedaron fuera del escrutinio ciudadano y sin control preventivo real.
La Cámara de Cuentas, máxima autoridad de auditoría externa, trabaja con revisiones ex–post que llegan meses o años después de ocurridos los hechos. Al carecer de un sistema de monitoreo en tiempo real, sus informes sirven como diagnósticos tardíos, cuando los recursos ya han sido desviados o malgastados. En el caso SeNaSa, su pasividad reforzó la sensación de impunidad.
La Contraloría General de la República, encargada del control interno, terminó atrapada en el formalismo, se limitó a validar que existieran expedientes, firmas y documentos, sin verificar si los servicios y medicamentos facturados realmente se habían entregado.
Esta visión notarial del gasto impidió descubrir a tiempo las incongruencias entre lo declarado en papel y la realidad vivida por los pacientes.
Réplica
El problema no se reduce a errores individuales. La debilidad de los controles radica en la dependencia excesiva de datos autodeclarados, sin mecanismos independientes que validen cada transacción. Si una institución oculta información o fabrica reportes, el resto del sistema replica ese engaño, construyendo una falsa imagen de estabilidad y eficiencia.
La ausencia de trazabilidad digital también explica por qué las alarmas no sonaron. No existía un sistema integrado que cruzara recetas, autorizaciones, prestaciones y pagos en tiempo real. De haberse contado con esa infraestructura, los procedimientos fantasma y las farmacias inexistentes habrían dejado rastros imposibles de ocultar.
A ello se suma el carácter reactivo de las auditorías. En la práctica, los organismos de control sólo se activan después de que explotan los escándalos o cuando cambian las administraciones. En lugar de un sistema preventivo, lo que existe es un mecanismo correctivo, incapaz de anticiparse a las irregularidades y demasiado lento para contener el daño.
Otro obstáculo es la fragmentación institucional. Cada órgano observa solo su parcela; SISALRIL vigila lo financiero y regulatorio, Contrataciones Públicas lo contractual, la Cámara de Cuentas la contabilidad general y la Contraloría los procesos internos. Sin coordinación integral, las grietas quedan abiertas y los fraudes se escapan entre jurisdicciones.
Este conjunto de fallas muestra que el caso SeNaSa no puede atribuirse únicamente a un ente negligente, sino a la suma de opacidad interna, debilidad regulatoria y lentitud en los mecanismos de control. En lugar de actuar como sistemas de vigilancia preventiva, las instituciones operaron como notarios que dan fe del gasto, sin cuestionar su veracidad.
El desenlace es una lección clara sin reformas profundas, el ciclo volverá a repetirse. Se requiere integrar sistemas digitales, compartir bases de datos en tiempo real, cruzar información de forma automática y, sobre todo, cambiar la lógica del control formalista hacia un control sustantivo que proteja al ciudadano y garantice transparencia.
Para visualizar mejor estas responsabilidades, fallas y reformas necesarias, presentamos un cuadro comparativo que sintetiza el papel de cada institución frente al caso SeNaSa.
El caso SeNaSa no es producto de un vacío aislado, sino de un ecosistema de control debilitado. La lección es clara: sin coordinación, sin digitalización y sin controles preventivos, la corrupción encuentra terreno fértil incluso en las instituciones llamadas a proteger al ciudadano.
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