Santo Domingo. En conmemoración del Día Mundial del Hábitat, diversas comunidades urbanas de la República Dominicana se congregaron frente al Palacio Nacional para exigir el cese inmediato de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional. Los manifestantes, respaldados por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), demandaron el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
Los sectores representados en la protesta incluyeron a La Mina (San Isidro), Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén (Santo Domingo Este); Las Malvinas y Arroyo Lindo (Distrito Nacional); El Carril de Haina (Bajos de Haina); así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente (La Caleta, Boca Chica).
Los voceros de las comunidades relataron experiencias de desalojos violentos y sin previo aviso:
- La Mina, San Isidro: En abril de 2021, cerca de 600 familias fueron desalojadas forzosamente en horas de la madrugada, mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública. Esther Soriano, vocera, denunció que las familias, algunas con hasta 20 años en la zona, no recibieron información previa, y que la acción se justificó en la cesión del terreno a las Fuerzas Aéreas, a pesar de que el propio Estado había construido infraestructura urbana allí.
- Arroyo Lindo, Distrito Nacional: El 6 de diciembre de 2022, 250 familias fueron desalojadas violentamente. Beatriz Ureña comentó que «llegaron a las cuatro de la mañana con grúas y militares a derrumbar nuestras casas», impidiendo la recuperación de pertenencias y dejando heridos entre los residentes, pese a tener 11 años de vivir en el sector con servicios públicos reconocidos.
- Nueva Jerusalén, Santo Domingo Este: Las familias viven bajo amenaza constante, con incursiones de miembros de la Fuerza Aérea para desalojar sin previo aviso y derrumbar viviendas, incluso existiendo una orden judicial de no derribar más casas, denunció Mercedes de Jesús.
Otros sectores como Carril de Haina, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Gran Valiente enfrentan amenazas de desalojo desde 2023.
Posición de las Organizaciones Acompañantes
Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat, enfatizó que comunidades con más de diez años de existencia y que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad y escuelas, «no pueden ser clasificadas como invasoras».
Las organizaciones señalaron que esta práctica agrava el déficit habitacional y la vulnerabilidad de las familias, y «refleja el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado». Además, demandaron que procesos como la recuperación de los ríos Ozama e Isabela garanticen la participación efectiva de las comunidades, citando el caso de Domingo Savio donde «alrededor de 2,500 familias fueron desalojadas sin una indemnización justa ni una reubicación digna».
Demandas Clave
Las comunidades y organizaciones solicitaron al Estado dominicano:
- El cese inmediato de los desalojos forzosos.
- Indemnización a las familias afectadas.
- Participación comunitaria efectiva en las intervenciones urbanas planificadas.
- Retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados por años y reclamados por particulares.
- Continuar el Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados de forma pacífica y prolongada.
Los manifestantes concluyeron que el diálogo y la concertación deben ser el camino, y no la destrucción de viviendas y comunidades.