El programa «Sin Maquillaje,» de la periodista Altagracia Salazar, puso en evidencia graves irregularidades en los pagos efectuados durante la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Según los hallazgos de una investigación especial de la Cámara de Cuentas, de un total de $61 mil millones de pesos pagados, la asombrosa suma de $44 mil millones no cumplió con la normativa de la Contraloría General de la República para su supervisión.
El informe de fiscalización, cuyo hecho fue destacado por Salazar, reveló un incumplimiento masivo en el proceso de rendición de cuentas. De 1,258 libramientos procesados en el período analizado, solo 338 fueron remitidos a la Contraloría para su supervisión, lo que equivale a $16,980,826,220 del total. Esto significa que dos terceras partes de los pagos realizados por el exministro Guerrero se efectuaron sin el sustento legal o «de boca,» como indica la sabiduría popular.
La estrategia legal de la defensa: Recurso en el TSA
En medio de estas revelaciones, los medios de comunicación han reportado que la defensa de Donald Guerrero recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la investigación especial de la Cámara de Cuentas por supuesta violación al debido proceso.
Según expertos consultados, este recurso ante el TSA no busca debatir el fondo de las acusaciones –lo que compete a la justicia penal–, sino cuestionar la validez formal del procedimiento de la auditoría. Los defensores buscarían inhabilitar el informe para que el juez de la justicia penal, que sí conoce el fondo del proceso por desfalco en contra del exfuncionario, no lo admita como prueba.
Hallazgos adicionales de la auditoría
La investigación de la Cámara de Cuentas arrojó más datos preocupantes sobre el manejo de fondos:
- Pagos a Propietarios Ilegítimos: Se identificaron pagos por $553 millones de pesos a personas que no eran los legítimos propietarios de bienes expropiados por el Estado, en lo que se describe popularmente como «le pagaron a Juan lo que era de Juana.»
- Contratos sin Tasación: Una nota publicada en el digital Acento por Julián Herrera indica que se suscribieron contratos por un monto de $3,875,221,921 sin contar con la tasación requerida de la Dirección General del Catastro Nacional.
- Reconocimiento de Deudas Sin Verificación: Además, se realizaron reconocimientos de deudas anteriores a la entrega de las cubicaciones, por $2,130,104,926, un procedimiento que cubrió compromisos financieros establecidos sin la verificación previa de las obras ejecutadas.
Altagracia Salazar enfatizó que, sin importar el resultado del recurso en el TSA –el cual solo tiene dos posibles desenlaces: rechazo o acogida–, los hechos revelados sugieren que lo que se hizo con el dinero de los impuestos «fueron negocios.»