La ofensiva naval de Trump contra Maduro busca desmantelar negocios ilícitos y forzar una transición en Venezuela
La Casa Blanca lanzó una operación naval sin precedentes en el Caribe con el objetivo declarado de cortar las rutas de tránsito de fentanilo y desarticular las redes de narcotráfico que, según Washington, están vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
El despliegue incluye barcos de asalto anfibio, aviones de patrulla P-8, drones MQ-9 y la inminente llegada del portaaviones Gerald R. Ford, una demostración de fuerza que busca presionar al gobierno venezolano desde el mar.
Según fuentes oficiales, la fase actual de la estrategia norteamericana pretende golpear la logística y las finanzas de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) que operan desde y a través de Venezuela, degradando su capacidad para exportar drogas y suministros ilícitos hacia Estados Unidos y la región. El Pentágono describió la misión como una operación dirigida a “interrumpir redes criminales” y proteger la seguridad nacional.
En Washington sostienen que la operación no busca una invasión ni un vacío de poder similar a experiencias pasadas en otras regiones, sino crear condiciones que fragmenten el poder político y económico de los grupos que sostienen al régimen. Por eso, la administración plantea un doble objetivo: impacto operativo contra el narcotráfico e incentivo para una transición política que permita la llegada de un gobierno alternativo.
Desde Caracas, el Ejecutivo calificó el movimiento como una provocación y advirtió que responderá con medidas defensivas y maniobras militares. Al mismo tiempo, la oposición venezolana —representada por figuras que se presentan como alternativas de gobierno— ve en la presión marítima una oportunidad para acelerar la salida del poder de Maduro y habilitar una transición bajo control institucional.
La estrategia estadounidense también apuesta por combinar presión externa con respaldo político interno a líderes opositores en el exilio, planteando escenarios en los que la salida del régimen sea ordenada y con garantías para evitar un caos institucional. Ese planteamiento supone coordinar acciones diplomáticas y logísticas con países de la región y con aliados que puedan apoyar la reconstrucción y el restablecimiento de instituciones democráticas en Venezuela.
Expertos y analistas advierten, no obstante, sobre los riesgos: una escalada militar podría aumentar la inestabilidad, afectar a poblaciones civiles, y provocar reacciones imprevistas de actores regionales. Además, el éxito de la iniciativa dependerá tanto de la eficacia operativa contra las redes ilícitas como de la capacidad de la oposición para ofrecer una alternativa creíble y de la disposición de los actores internacionales a acompañar la transición.