Los jueces de un tribunal de Hato Mayor condenaron a 10 años de prisión al capitán de una yola que intentó llevar a 20 personas indocumentadas a Puerto Rico el año pasado.
Teodoro Avelino Carela (Butu) fue condenado por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano. El tribunal dictó sentencia absolutoria al coimputado Fernando Pierre Alcined.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó en el expediente acusatorio que, alrededor de las 9:30 horas de la noche, del día 2 de septiembre de 2024, la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard, por sus siglas en inglés), informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que, a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná, se encontraba una embarcación de datos ignorados, con varias personas a bordo.
Ante la alerta, la ARD realizó una inspección en el lugar, logrando interceptar a una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, equipada con dos motores fuera de borda, de aproximadamente 23 pies de eslora. En el interior transportaba a veinte (20) personas (18 hombres y 2 mujeres).
Los procesados se dirigían con el grupo hacia la vecina isla luego de salir de una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.
Durante la investigación se determinó que a cada persona le fue requerida la suma de US$5,000 dólares para el viaje, de los cuales podían entregar de manera inicial un avance de mil dólares americanos (US$1,000) y al llegar a Puerto Rico entregar los otros cuatro mil dólares (US$4,000) o pagar la suma total de cinco mil dólares americanos (US$5,000) al llegar a su destino.
El fiscal Wilson Santana José, quien tuvo a cargo la investigación, otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 1, letras f y h, y 2 y 7, letra c, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano. En la litigación el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Luz Almonte.
La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, del Tribunal Colegiado de Hato Mayor, quienes ordenaron su cumplimiento en la cárcel pública de El Seibo, además de que declararon las costas penales de oficio.