Pablita Cabrera, experta en temas tributarios, alertó en una entrevista reciente sobre una situación que está afectando silenciosamente a miles de personas en el país: el bloqueo masivo de cédulas y RNC por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una medida que —según afirma— carece de sustento legal y viola derechos fundamentales.
Cabrera asegura que la DGII está aplicando la Norma 04-21, una regulación creada por la propia institución y no por el Congreso, para suspender RNC y bloquear cédulas de ciudadanos que no han presentado declaraciones durante un período de tiempo. Según dice, esta norma “es inconstitucional y arbitraria”, pues convierte un simple deber formal en una causa para paralizar totalmente la vida económica de una persona.
El problema inicia cuando un ciudadano realiza alguna transacción económica, queda registrado en la DGII y luego, por desconocimiento, deja de declarar aunque ya no tenga actividad comercial. Al intentar retomar una operación —como emitir un comprobante, cobrar un servicio, vender un vehículo o gestionar una cuenta bancaria— descubre que su cédula está bloqueada.
Esto no solo impide trámites básicos, sino que además activa de forma automática multas, recargos e intereses, que pueden convertir un ingreso modesto en una deuda millonaria acumulada durante años. Cabrera explica que muchos contribuyentes creen que si una empresa les retuvo impuestos al pagarles por un trabajo, ya no deben declarar, lo que desencadena el bloqueo posterior.
Las consecuencias, según ella, son devastadoras: no se puede facturar, no se puede renovar el registro mercantil, no se puede traspasar un vehículo, no se pueden completar operaciones bancarias y prácticamente se congela toda actividad económica.
Ante esta situación, Cabrera afirma que los afectados tienen dos vías legales: una acción de amparo o medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo, incluso usando como prueba una simple captura de pantalla que muestre el bloqueo.
Sin embargo, asegura que la DGII dificulta aún más el proceso al negarse a aplicar la Norma 07-14, que permite declarar sin costos y gastos cuando no se tienen comprobantes, lo que obliga a presentar declaraciones que podrían arruinar económicamente al contribuyente.
Cabrera advierte que miles de personas tienen la cédula bloqueada sin saberlo, especialmente quienes trabajan de manera informal, pequeños profesionales y microempresarios. También señala que esta suspensión afecta a bancos, proveedores y cualquier entidad que requiera validación del estatus tributario.
Concluye asegurando que el bloqueo de cédulas y RNC se ha convertido en un “abuso real” que vulnera el derecho a la libre empresa y pone en riesgo la estabilidad económica de muchos dominicanos que, sin ser evasores ni delincuentes, quedan atrapados en una normativa que —según ella— “la DGII se inventó para obligarlos a pagar sin garantías ni justicia”.