Begoña Gómez
ESPAÑA.- La República Dominicana regatea la cuestión de Begoña Gómez. Su Gobierno ha evitado aclarar si ha concedido la nacionalidad del país caribeño a la esposa del presidente del Gobierno.
Un convenio firmado en pleno franquismo permite a los ciudadanos de ambos Estados adquirir la nacionalidad del otro sin perder la original, facilitando así la doble ciudadanía.
Manos Limpias ya reclamó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investigara si la mujer de Pedro Sánchez había obtenido la nacionalidad dominicana, como afirmó Víctor de Aldama en una entrevista en octubre. El juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por cinco delitos, declinó la propuesta.
En un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el director jurídico de la Dirección General de Migración ha rechazado la solicitud sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana de Begoña Gómez porque esa competencia «corresponde al Ministerio de Interior y Policía». Además, destaca la imposibilidad de ofrecer cualquier información al respecto en virtud de una serie de disposiciones legales. En su opinión, la reclamación no demuestra «la existencia de un verdadero y justificado interés público […] que admita la divulgación de carácter personal y privado».
La respuesta del Gobierno dominicano es consecuencia de una pregunta enviada a través de los canales oficiales. El requerimiento pretendía recibir confirmación de si se había otorgado la nacionalidad a Begoña Gómez, en qué fecha y el marco normativo específico que amparara esa concesión.
El escrito del director jurídico de Migración, firmado el pasado 5 de noviembre, argumenta su negativa a ofrecer cualquier tipo de información sobre la base del artículo 44 de la Constitución del país caribeño.
LA CAUSA DE BEGOÑA GOMEZ
Dicho precepto sostiene que «toda persona tiene derecho a la intimidad» y garantiza «el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo».
El director jurídico de Migración, Luis Rodolfo Caraballo, también se ampara para negar la información sobre Begoña Gómez en una sentencia del Tribunal Constitucional fechada en 2012, que dictaminó que «entre las limitaciones del acceso a la información pública se encuentran aquellas informaciones y datos que puedan afectar a intereses privados preponderantes».
Caraballo también alude a la ley local sobre el acceso a la información pública. Cita a su artículo 2, que establece el derecho a estos datos «siempre y cuando este acceso no afecte la privacidad e intimidad de un tercero». También menciona el precepto 17 de la normativa, que afirma que la información debe ofrecerse con diferentes limitaciones y excepciones, entre ellas que la «pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad».
El letrado afirma que solo es posible suministrar este tipo de información cuando la solicitud provenga de la propia persona o su representante o a través de una orden judicial.
Manos Limpias solicitó sin éxito el pasado noviembre a Peinado que investigara si Begoña Gómez había obtenido la nacionalidad dominicana, tal y como aseguró Aldama en Telemadrid. El escrito reclamaba que se ordenaran las diligencias necesarias para que la Policía Nacional o, en su caso, la embajada de República Dominicana en España, certificara la veracidad de la supuesta doble nacionalidad de la esposa del presidente del Gobierno. La asociación que encabeza Miguel Bernad está personada en la causa y fue su denuncia la que originó la investigación.
La posible adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Begoña Gómez, investigada por cinco delitos, es un tema recurrente. Las acusaciones populares llevan tiempo con la mosca detrás de la oreja.
Desde hace meses circulan contenidos en las redes sociales que aseguran que la esposa del presidente del Gobierno estaría tramitando o habría obtenido la nacionalidad a través de la «naturalización privilegiada por gracia presidencial». Sin embargo, de momento no existe ninguna prueba documental. Quienes si la poseen son los dirigentes socialistas Felipe González y José Bono.
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