Las autoridades de China ejecutaron este jueves a once personas condenadas por su participación en amplias operaciones de fraude en el sector de las telecomunicaciones, en una nueva muestra del endurecimiento de la política de Beijing frente a este tipo de delitos transnacionales, según informaron medios estatales.
De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, los sentenciados fueron ejecutados tras haber recibido condenas a muerte en septiembre pasado por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este del país. Las sentencias fueron posteriormente ratificadas por el Tribunal Popular Supremo, que consideró que las pruebas presentadas eran suficientes y concluyentes.
Los delitos imputados incluyeron homicidio intencional, lesiones graves, detención ilegal, fraude a gran escala y operación de casinos clandestinos. Entre los ejecutados figuraban integrantes clave del denominado “grupo criminal de la familia Ming”, una organización señalada por su responsabilidad en la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos y en múltiples casos de lesiones graves.
Las redes de estafa, muchas de ellas asentadas en regiones fronterizas de Myanmar, han operado durante años mediante engaños por internet y llamadas telefónicas, incluyendo falsas relaciones sentimentales y supuestas inversiones en criptomonedas. Aunque inicialmente dirigidas a víctimas de habla china, estas organizaciones ampliaron su alcance a otros idiomas y países.
El Gobierno chino ha intensificado la cooperación con autoridades regionales para desmantelar estos esquemas, lo que ha derivado en la repatriación de miles de personas para ser procesadas en el sistema judicial chino. Algunas de estas víctimas fueron obligadas a participar en las estafas tras ser captadas mediante redes de trata de personas.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que China continuará fortaleciendo la cooperación internacional para combatir lo que calificó como “el cáncer del fraude y el juego ilegal”.
Además de las ejecuciones, otras cinco personas recibieron penas de muerte con suspensión de dos años, mientras que 23 implicados fueron condenados a sentencias que oscilan entre cinco años de prisión y cadena perpetua.