El AUTOR era ministro de Energía y Minas. Reside en Santo Domingo
Por Pelegrín Castillo Semán
Es necesario revisar los términos del trato minero en forma consensuada con las empresas mineras, sin excluir a las comunidades ni a las instituciones académicas y científicas.
Hay que considerar con prioridad renegociar modificaciones a los acuerdos vigentes, que incluya grabar las sobreganancias extraordinarias, y recibir en el caso del Oro, parte del pago de las mismas en naturaleza, que pasaría a engrosar las reservas de activos nacionales.
Pero también es impostergable, mejorar la fiscalización de las operaciones de las corporaciones mineras, especialmente “las penalidades” que le imponen los mercados . Junto con el oro en BGPV se exportan otros minerales, que no tienen tributación específica, como plata y zinc. La investigación de Tierras Raras y minerales críticos debe continuar, y la estrategia de gestión de las mismas debe ser conocido por toda la ciudadanía. El acuerdo ITIE debe tener mejor cumplimiento: es preciso darle mas visibilidad a sus resultados y a la aplicación de sus fondos en proyectos de desarrollo.
Asimismo, el Estado Dominicano, debería terminar de certificar sus reservas mineras declaradas como reservas fiscales y terminar de mapear con tecnología avanzada el potencial de recursos de minería metálica y no metálica.
Finalmente, es preciso rescatar el proyecto de un gran diálogo y pacto nacional sobre la gestión integral de los recursos naturales renovables y no renovables, cuyas bases fueron formuladas el 2014 y 2015. En esa ocasión se contaba con el BRGN de Francia y con la participación estratégica de CAB de ITAIPU Binacional de Brasil y Paraguay.
“La resistencia social y popular que enfrenta la minería, es comprensible, y tiene su origen sobre todo en el carácter desequilibrado del reparto de las rentas mineras, donde las comunidades de las zonas contiguas a las explotaciónes mineras no son tratadas con justicia y respeto, y no se ha podido superar todavía debilidad histórica de las instituciones de fiscalización. Eso ha permitido que el fundamentalismo medioambiental, se torne más agresivo. Concretamente proponemos que se especialice un porcentaje de un tercio de las rentas mineras para aplicarlas en inversiónes de gran impacto socioeconómico en las comunidades vecinas de los proyectos, así como en los planes de seguridad y desarrollo fronterizo”
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