SANTO DOMINGO.- El presidente del partido en formación Nueva Sociedad (PNS), Emigdio Mercedes, dijo que la entrada en vigencia de la ley de Contrataciones Públicas en el Estado Dominicano no es suficiente para disminuir y controlar la corrupción.
Explicó que dicha normativa tiene brechas y debilidades que permiten manipular sus métodos y procedimientos en beneficio de un oferente.
«Hace tiempo que vengo hablando de hacer cambios profundos a la ley, de lo contrario, seguiremos viendo actos de corrupción y menos inversión pública (gasto de capital), ya que, continuará la incapacidad de recursos del Estado para mejorar y ampliar la infraestructura en todo el el territorio nacional», indicó.
Señaló que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los Veedores, solo hablan de transparencia; sin embargo, no han podido erradicar, disminuir o controlar la corrupción en el Estado Dominicano, debido a la tentación, ambición y angurria de los servidores públicos, con escasas excepciones.
Recordó que «tuvimos la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y no hubo manera de evitar corrupción, y que, además, las sanciones que se presentan en la nueva ley son necesarias e importantes, pero no suficientes para enfrentarla. Debemos irnos al origen, a lo primero que se produce, que son las negociaciones de sobornos o comisiones entre los funcionarios con proveedores y esta nueva ley no la impedirá».
«Los sobornos o comisiones no se dan con cheques o transferencias bancarias, sino en efectivo y escasamente en naturaleza, como relojes, vehículos, mobiliarios, inmuebles y remodelaciones de estos. Es una alerta para el sector financiero, que un suplidor del estado, persona física o moral, haga un retiro de un monto sospechoso, en efectivo o fraccionado, de millones de pesos, dólares o cualquier otra moneda; además, estos retiros en pesos, presionan hacia arriba la tasa de cambio debido a que los convierten en dólares para ser guardados o sacados del país», subrayó.
Mercedes, quien fue presidente de la Comisión de Finanzas, hoy Hacienda, de la Cámara de Diputados, aseguró que sí un proveedor del estado da soborno o comisión a un servidor público, lo aplica al costo de los bienes, servicios y obras que contrata, encareciéndolos significativamente, afectando así a cada dominicano y haciendo millonario a los funcionarios. «Pero si el suplidor del Estado no soborna ni tampoco da comisión, nuestro país se desarrollará rápido, porque los cientos de miles de millones de pesos que llegan cada año en maletines, fundas y cajas a manos de los corruptos, se quedarán en el Presupuesto General de la Nación, para el desarrollo del país», aclaró.
Para disminuir y controlar la corrupción, planteó que «se debe introducir en la ley 4725 de Contrataciones Públicas del Estado, que los oferentes, antes y después de ganar una contratación pública, entreguen sus estados de cuentas bancarias, certificados financieros o cualquier otro instrumento monetario en pesos, dólares o cualquier otra moneda, sin importar la fecha, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)».
«Asimismo, el proveedor ganador, persona física o jurídica, de una contratación pública, deben emitir una autorización para que el sector financiero nacional e internacional, las cooperativas y cualquier otra entidad, entregue los estados bancarios, informaciones de certificados financieros o cualquier otro instrumento monetario, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que debe investigar los retiros de efectivo en pesos, dólares o cualquier otra moneda, y si no son justificados los retiros en efectivo con comprobantes válidos, es porque lo dieron como soborno o comisión al servidor público, para ganar mediante cualquier método o procedimiento, la contratación pública», abundó.
Indicó que «los proveedores se beneficiarán de procesos limpios y verdaderamente transparentes, ya no tendrán que hacer retiros en efectivo que son considerados avances indebidos a los dividendos generados en sus empresas, sin pagar al Estado Dominicano el diez por ciento (10%), lo que constituye una violación al Código Tributario (Ley No.11-92) y sus modificaciones; y finalmente, no expondrán a sus esposas y hijos a recibir indirectamente los efectos anti morales cuando un acto de corrupción sale a la opinión pública».
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