Santo Domingo, República Dominicana. – El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) fijó este 18 de febrero de 2026 su posición oficial ante las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien admitió el colapso total del sistema de justicia penal en el país.
A través de un documento firmado por su Dirección Ejecutiva, el IDDP expresó que, si bien reconoce la gravedad de la situación, el diagnóstico presentado omite señalar causas estructurales fundamentales que han contribuido al deterioro del sistema judicial dominicano.
El Instituto señaló que uno de los factores principales es el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar, aplicada de manera generalizada por las Oficinas de Servicios de Atención Permanente, lo que ha provocado una sobrecarga en los procesos judiciales y un aumento significativo en la cantidad de trámites, recursos y revisiones que deben gestionar los tribunales.
Asimismo, el organismo destacó que el aspecto presupuestario constituye un elemento crítico ignorado en el análisis oficial. En ese sentido, recordó que la Ley núm. 194-04 establece que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben recibir al menos el 4.10 % de los ingresos internos del Estado, recursos que, según el Instituto, han sido recortados de manera sistemática por el Poder Ejecutivo desde la creación de dicha normativa.
El documento advierte que esta situación ha generado consecuencias graves, entre ellas la precarización salarial del personal judicial, la renuncia de empleados en busca de mejores oportunidades en el sector privado y la imposibilidad de crear nuevos tribunales y salas penales para responder al crecimiento poblacional y al aumento de la criminalidad.
“El incumplimiento presupuestario ha impactado directamente el desempeño de las labores judiciales, limitando la capacidad del sistema para administrar justicia de manera eficiente”, señala el texto.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal sostuvo que el colapso del sistema no responde únicamente a factores operativos, sino a la falta de fortalecimiento institucional, inversión en infraestructura judicial y mejora de las condiciones laborales de jueces y personal administrativo.
Finalmente, la entidad concluyó que el fortalecimiento del sistema de justicia requiere garantizar la autonomía presupuestaria, mejorar la estructura judicial y ampliar la capacidad operativa mediante la creación de nuevas salas y tribunales, como vía indispensable para restaurar la eficiencia y la confianza en la administración de justicia.
Si El documento fue firmado por los miembros del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Derecho Penal, entre ellos Carlos Balcácer, Valentín Medrano, Ingrid Hidalgo Martínez, Manuel Sierra, Freddy Castillo y Marino Féliz, entre otros juristas.