La cooperación en seguridad que han mantenido por décadas el chavismo y el castrismo se resquebraja tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.
Asesores de seguridad cubanos han abandonado el país sudamericano, a medida que crecen las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para desmantelar la alianza izquierdista más longeva de América Latina, según informó la agencia Reuters con base en 11 fuentes familiarizadas con el tema.
Cuatro de los testimonios recogidos por la agencia británica apuntan a que Rodríguez ha confiado su protección a guardaespaldas venezolanos, un modelo que rompe con la tradición mantenida por Nicolás Maduro y heredada del fallecido Hugo Chávez, quienes confiaron su seguridad a las fuerzas de élite cubanas.
Donald Trump y su círculo de gobierno han lanzado reiterados comentarios sobre el apoyo en seguridad que ha brindado por años Cuba al chavismo y su influencia en la guardia presidencial en Miraflores, algo que no es ningún secreto, ya que incluso La Habana informó sobre 32 cubanos muertos por el ataque militar estadounidense para capturar a Maduro en Caracas.
Los fallecidos trabajaban para el gobierno venezolano, en el marco de un robusto acuerdo de seguridad entre ambas naciones, que comenzó a finales de la década de 2000, en el que agentes de inteligencia cubanos se integraron en las fuerzas armadas y en la unidad de contrainteligencia venezolana (DGCIM).
Tras el reciente remezón ordenado por Delcy Rodríguez, algunos asesores cubanos de DGCIM fueron destituidos, aseguró un exfuncionario de inteligencia venezolano a Reuters.
Aunque la mayoría de los consultados no se pronunció sobre una posible causa para estos movimientos, una fuente cercana al oficialismo venezolano aseguró que el regreso de los cubanos fue ordenado por Rodríguez debido a la presión estadounidense.
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Además, profesionales del sector sanitario también han regresado a la isla en las últimas semanas, añadieron dos fuentes.
Al margen de la cooperación en seguridad y defensa entre ambos gobiernos de izquierda, miles de médicos, enfermeras y entrenadores deportivos cubanos trabajaban en Venezuela como parte de los programas de bienestar social iniciados bajo el gobierno de Chávez, conocidos popularmente bajos los nombres de Misiones.
A cambio, Caracas ha proporcionado a la isla caribeña una fuente de petróleo muy necesaria para la estabilidad energética cubana, un grifo que cerró Donald Trump tras la detención de Maduro, con el bloqueo de las exportaciones de crudo venezolano a la isla.
Además, el republicano firmó una orden ejecutiva que contempla un arancel a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.
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Desde mediados de diciembre, Cuba no recibe petróleo de Venezuela, su principal proveedor, lo que ha agravado los cortes de electricidad en la isla, comprometido actividades esenciales e incomodado a millones de ciudadanos que sufren constantemente por el suministro.
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Un sistema sanitario al borde del colapso
‘Los hospitales de Cuba están en estado crítico por la crisis energética, a causa de la falta de combustible’, aseguró el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, quien condenó que las sanciones estadounidenses ya no solo están paralizando la economía de la isla, sino que amenazan la «seguridad humana básica».
«Esta situación podría poner vidas en riesgo», destacó el ministro en entrevista con AP, antes de detallar que cinco millones de cubanos con enfermedades crónicas sufrirán afectaciones a sus tratamientos o en el acceso a medicamentos. Esto incluye a 16.000 pacientes con cáncer que requieren radioterapia y otros 12.400 que se someten a quimioterapia.
«No se puede dañar la economía de un estado sin afectar a sus habitantes», manifestó Portal. La atención cardiovascular, la ortopedia, la oncología y el tratamiento de pacientes críticos que requieren respaldo eléctrico se encuentran entre las áreas más afectadas, puntualizó.
También denuncian que se han impuesto restricciones a algunas tecnologías que demandan más energía, como las tomografías computarizadas y las pruebas de laboratorio.
El ministerio de Salud cubano denunció el 16 de febrero que más de 32.000 mujeres en estado de embarazo enfrentan mayores riesgos para su salud y la de sus bebés por los cortes energéticos.
Aniliet Rodríguez, una mujer embarazada de 25 años que ingresó a un centro de atención materna por un caso grave de anemia, describió a AP que «ha habido un cambio drástico desde enero», cuando comenzaron a sentirse los efectos de las sanciones y restricciones que han reducido el suministro de petróleo a la isla. «No hay pan ni leche para nutrirse… no hay medicamentos», relató.
Algunas clínicas intentan adaptarse con la instalación de paneles solares, mientras que las autoridades priorizan la atención de niños y ancianos.
«Estamos ante un asedio energético con implicaciones directas para la vida de los cubanos», insistió el ministro de Salud.
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El Gobierno se pronuncia sobre el motín
Un día después de que el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) exigiera a las autoridades de Cuba «información oficial urgente» sobre un motín en la prisión de alta seguridad de Canaleta, el Gobierno cubano se pronunció el viernes, sin responder a las peticiones concretas de la ONG.
El ministerio del Interior confirmó que «restableció el orden con racionalidad y determinación» en Canaleta, después de que dos presos «junto con otros reclusos» cometieran «una violación grave del reglamento penitenciario».
La Habana no aclaró si hay reos heridos o fallecidos, como llegaron a alertar varias ONG. En una corta nota de prensa, Interior advirtió de que «sucesos como estos» recibirán «el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva».
El CDPC, con sede en Ciudad de México y dedicado al monitoreo del sistema penitenciario cubano, alertó en redes sociales que la protesta comenzó en la noche del miércoles y que habría sido reprimida por fuerzas de seguridad.
Un recluso de Canaleta que habló el jueves con la agencia EFE describió la llegada a la cárcel de refuerzos policiales, que usaron «balas de goma», «gas pimienta» y violencia física para contener el motín. Otras organizaciones como ‘Prisoners Defenders’ también difundieron testimonios desde el interior del penal.
El CDPC ha reportado al menos 40 incidentes en esa prisión desde 2023, entre ellos golpizas, uso prolongado de celdas de castigo, traslados violentos, falta de agua potable y ausencia de tratamiento para enfermedades crónicas.
Con información de Reuters, AP y EFE