EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, al intentar restaurar la Doctrina Monroe —“América para los americanos”— procuró imponer obediencia a los pueblos dentro del área de influencia estadounidense mediante una política de presión, tradicionalmente conocida como la “política del garrote”. Hoy, esa imposición se materializa a través de aranceles. Aranceles que han producido quejas entre los principales aliados de EE. UU., al punto de que algunos han amenazado con establecer alianzas con otros países industrializados e incluso con desplazar el dólar como moneda de intercambio comercial.
En principio, Trump, bajo esa política de presión, llegó a exigir a Panamá la devolución del Canal que lleva su nombre. También insinuó que Canadá podría convertirse, de una u otra forma, en el estado número 51 de la Unión. Intentó comprar Groenlandia y, ante la negativa, lanzó expresiones provocadoras. Respecto a México, justificó los aranceles alegando que la entrada de drogas —especialmente fentanilo— y la inmigración irregular constituían una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.
Los aranceles no solo se dirigieron a México; también se aplicaron a China y Canadá. En general, Trump los utilizó como palanca para renegociar acuerdos comerciales y obtener concesiones en temas que iban desde la seguridad fronteriza hasta la manufactura. Sin embargo, algunos analistas interpretaron estas medidas como parte de una estrategia para reafirmar la influencia estadounidense en la región, comparándola con una especie de “Doctrina Monroe” renovada.
Desde esta perspectiva, los aranceles buscaban presionar a México y a otros países latinoamericanos para alinearse con las prioridades de Washington. Otros análisis sostienen que también funcionaron como una distracción política frente a dificultades económicas internas, como la inflación, el aumento de los precios de la energía y los despidos en el sector público.
La reacción de México, Canadá, China, la Unión Europea y los mercados internacionales ante los aranceles impuestos por Donald Trump fue rápida, diversa y, en muchos casos, contundente. Algunos respondieron con aranceles de hasta un 25 % sobre bienes estadounidenses. Además, se planteó la posibilidad de fortalecer alianzas como el grupo BRICS para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en comercio, finanzas y diplomacia, así como la eventual presentación de demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las consecuencias de los aranceles para el comercio y la bolsa de valores de Estados Unidos fueron significativas. Se estimó una reducción de hasta un 15 % en las importaciones totales, afectando sectores como el automotriz, la energía, los alimentos y productos agrícolas, y la manufactura de bienes de consumo. La bolsa de valores experimentó episodios de fuerte volatilidad, con caídas importantes tras cada anuncio de nuevos aranceles. Asimismo, se registraron incrementos en los precios de bienes esenciales y mayor presión inflacionaria.
La Corte Suprema, en una sentencia de seis votos contra tres, dictaminó que la Administración carecía de autoridad, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para imponer aranceles a docenas de países. Trump calificó el fallo del alto tribunal como “profundamente decepcionante” y expresó estar “avergonzado” de algunos de los jueces. Añadió que buscaría otras alternativas para sustituir las medidas que, según él, la Corte rechazó incorrectamente.
La pregunta obligada es: ¿Devolverán el dinero indebidamente cobrado? En derecho civil, el “pago de lo indebido” genera la obligación de restituir lo cobrado. Es una figura basada en el principio de que nadie puede enriquecerse injustamente. El cobro de lo indebido implica que alguien recibió un pago sin tener derecho legal a exigirlo. Si como señaló la Suprema Corte en su sentencia, los aranceles fueron impuestos sin base legal suficiente, podría sostenerse que se configuró un cobro que no debió realizarse. El poder no legitima el cobro; lo legitima la ley.
Si los aranceles fueron impuestos sin base jurídica válida, entonces no se trató de una estrategia audaz, sino de una extralimitación. Y toda extralimitación tiene consecuencias. La historia juzgará la política del “garrote arancelario” no por su retórica de firmeza, sino por sus resultados y su legalidad. Porque cuando el poder cobra lo que no debe, tarde o temprano termina pagando el precio de su propia desmesura.
jpm-am
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