El autor es médico. Reside en Santo Domingo
POR VICTOR GARRIDO PERALTA
En medicina existe un principio elemental: cuando un paciente sangra, el médico no debate teorías; primero detiene la hemorragia.
La República Dominicana enfrenta hoy una hemorragia presupuestaria silenciosa. No ocurre en los quirófanos, aunque allí se sienten sus efectos. Ocurre en la arquitectura del gasto público, donde una parte de los recursos del Estado continúa financiando privilegios políticos mientras el sistema sanitario permanece estructuralmente subfinanciado.
El problema no es la falta de dinero. El problema es la morfología de nuestras prioridades. Somos un paciente que compra perfumes mientras no puede pagar la quimioterapia.
El diagnóstico: cuánto invertimos realmente en salud
El Producto Interno Bruto dominicano para 2025 fue de aproximadamente RD$7.9 billones.
Según la Ley núm. 80-24 de Presupuesto General del Estado, el sector salud recibió en 2025 RD$137,862.6 millones.
La relación es directa: República Dominicana destina aproximadamente 1.74 % de su PIB a salud pública. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que los países aspiren a niveles cercanos al 6 % del PIB para garantizar cobertura efectiva y reducir el gasto directo de las familias.
En otras palabras, nuestro sistema sanitario opera con menos de un tercio del nivel de inversión recomendado internacionalmente. La brecha no es ideológica. Es matemática.
La otra cara del presupuesto: el costo de la política
Mientras el sistema sanitario lucha por ampliar su cobertura, el Estado continúa financiando privilegios políticos con recursos públicos. Tomando únicamente 2025, las cifras son reveladoras.
El financiamiento público a partidos políticos asciende a RD$1,500 millones. Las exoneraciones vehiculares a legisladores, según el presupuesto de gasto tributario, representan un sacrificio fiscal cercano a RD$1,025 millones. El conocido “barrilito” senatorial añade aproximadamente RD$252 millones anuales en fondos discrecionales.
A esto se suma el “cofrecito” de la Cámara de Diputados, que asigna alrededor de RD$100,000 mensuales a cada uno de los 190 diputados, generando un gasto anual aproximado de RD$228 millones. La suma es simple:
RD$3,005 millones anuales destinados a privilegios políticos directos. En proporción a la economía nacional, esta cifra representa aproximadamente 0.038 % del PIB dominicano.
A primera vista parece un porcentaje pequeño. Pero el verdadero problema no es su tamaño macroeconómico. Es su significado moral en un país que invierte apenas 1.74 % del PIB en salud pública.
El costo de oportunidad: lo que ese dinero podría salvar
Las cifras presupuestarias adquieren otro significado cuando se traducen en servicios médicos reales. Los RD$3,005 millones destinados cada año a estos privilegios políticos equivalen aproximadamente a 965,000 dominicanos afiliados al Seguro Familiar de Salud subsidiado durante un año, más de 60,000 cirugías básicas o alrededor de 1,000 camas hospitalarias completamente equipadas. En términos presupuestarios, ese monto representa cerca del 2.2 % del presupuesto nacional de salud.
Dicho de forma sencilla: por cada 100 pesos que el Estado destina a salud pública, más de dos pesos se consumen en privilegios políticos directos. En un sistema sanitario robusto, esa proporción sería marginal. En un país con inversión sanitaria tan limitada, es una señal de prioridades invertidas.
La tercera variable olvidada: el gasto de bolsillo
Sin embargo, el impacto real de esta estructura fiscal no se mide solo en presupuestos. Se mide en el bolsillo de los pacientes. En la República Dominicana, una proporción significativa del gasto total en salud proviene directamente de los ciudadanos: medicamentos, estudios diagnósticos, consultas privadas y procedimientos que el sistema público no cubre de manera efectiva. Este fenómeno se conoce como gasto de bolsillo.
Cuando un paciente llega a una emergencia y debe comprar sueros, jeringas o medicamentos en una farmacia externa, el presupuesto público ya falló antes de que el médico iniciara el tratamiento. Ese gasto invisible es la factura que pagan las familias por la subinversión sanitaria.
El espejo regional
Al comparar el esfuerzo sanitario dominicano con otros países de la región, el contraste es evidente. Costa Rica destina más del 5 % de su PIB a salud pública. Uruguay supera el 6 %. Chile se mantiene cerca del 5 %.
Esos países comprendieron hace décadas que la salud no es un gasto social. Es infraestructura económica. Un trabajador sano produce más. Una población enferma empobrece a la nación.
La patología institucional
El problema dominicano no es únicamente financiero. Es institucional. El financiamiento generoso a partidos ha incentivado la proliferación de organizaciones cuya supervivencia depende más del presupuesto estatal que del respaldo ciudadano.
Las exoneraciones fiscales a legisladores crean privilegios difíciles de justificar en democracias modernas. Los fondos discrecionales —barrilito y cofrecito— perpetúan prácticas clientelares que distorsionan la función real del poder legislativo.
El resultado es un sistema político que consume recursos mientras los servicios públicos luchan por financiarlos. En términos médicos, esto se llama inversión de prioridades fisiológicas.
El tratamiento posible
Las soluciones no requieren nuevos impuestos ni endeudamiento adicional. Requieren voluntad política para:
1. Eliminar las exoneraciones vehiculares legislativas.
2. Eliminar los fondos discrecionales clientelares.
3. Eliminar el financiamiento partidario.
Los recursos liberados podrían destinarse directamente al fortalecimiento del sistema sanitario. No se trata de destruir la política. Se trata de sanearla.
El diagnóstico moral
La discusión real no es técnica. Es ética. Cada peso del presupuesto refleja una decisión colectiva sobre lo que una sociedad considera importante.
Hoy nuestras cuentas públicas revelan una verdad incómoda: el sistema político está mejor protegido financieramente que el sistema sanitario. En una sociedad madura debería ocurrir exactamente lo contrario.
El veredicto
La República Dominicana no sufre únicamente una enfermedad presupuestaria. Sufre una enfermedad moral.
Un país donde los privilegios políticos siguen expandiéndose mientras los hospitales luchan por financiar servicios básicos es un país que ha invertido su escala de valores.
La medicina enseña que toda hemorragia puede detenerse si se actúa a tiempo. Pero también advierte algo más: cuando el sangrado se prolonga demasiado, el paciente entra en shock.
La pregunta ya no es económica. La pregunta es moral:
¿Seguiremos financiando los privilegios de la política mientras los pacientes dominicanos pagan de su bolsillo la factura de un sistema sanitario que el Estado no termina de financiar?
Porque mientras esa ecuación no cambie, la salud pública dominicana seguirá siendo el órgano donante de un sistema político que consume más de lo que devuelve.
jpm-am
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