Una demanda presentada en México por cerca de 5,000 millones de pesos contra Google podría marcar un precedente en la manera en que se regula y se asignan responsabilidades por el contenido publicado en internet. Dado el monto reclamado, la querella no tiene antecedentes en el país ni a nivel internacional; sin embargo, su verdadera trascendencia radica en las posibles repercusiones económicas, operativas y jurídicas a gran escala que el caso supone.
En 2016, el abogado mexicano Ulrich Richter Morales y su esposa, la también abogada Claudia Ramírez Tavera, presentaron una demanda civil contra Google Inc. y Google México por difamación. La acusación sostenía que una publicación realizada por un tercero plenamente identificado en la plataforma Blogger —propiedad de la compañía— contenía información difamatoria, constituía un caso de suplantación de identidad y violaba derechos de autor.
El blog en cuestión, titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria”, fue creado en marzo de 2014. En diversas entradas acusaba al abogado de mantener supuestos vínculos con redes de lavado de dinero, narcotráfico y de ser investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) . La mayoría de las publicaciones estaban ilustradas con imágenes del abogado y con la portada alterada de uno de sus libros, Manual del poder ciudadano. Una de las entradas incluía una fotografía de Richter junto a su esposa.
Las redes sociales se saturan de desinformación y los ciberataques están a la orden del día. WIRED en Español conversa con Priscila Couto, experta en confianza y seguridad de Google, para averiguar si hay posibilidad aún de tener una Internet segura.
El abogado solicitó a Google que retirara el blog. La empresa se negó, argumentando que la solicitud y su eventual ejecución podrían constituir una violación tanto de sus políticas internas como de la libertad de expresión.
Tras la presentación de la denuncia civil, en marzo de 2021 un tribunal de la Ciudad de México determinó que Google era responsable por la publicación realizada por un tercero en Blogger y ordenó el pago de una indemnización de aproximadamente 1,600 millones de pesos.
Google apeló la resolución y presentó su defensa argumentando que no era autor del contenido, sino un intermediario tecnológico. La empresa también invocó el derecho a la libertad de expresión de los creadores de contenido que utilizan sus servicios. No obstante, en junio de 2022 la Octava Sala de lo Civil de la Ciudad de México ratificó el fallo original y elevó el monto de la sanción a alrededor de 5,000 millones de pesos como compensación por daño moral.
El caso fue posteriormente atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2023 y hasta ahora permanece pendiente de resolución. Un fallo definitivo podría emitirse en los próximos días.
La sentencia monetaria constituye una cifra sin precedentes en México y probablemente también a nivel mundial en un litigio de esta naturaleza. Estanislao Mezzadri, responsable de litigios de Google para Hispanoamérica, considera que “esta sentencia ataca la libertad de expresión y viola directamente el T-MEC creando consecuencias negativas para el comercio y la inversión en México”.
Según el abogado, el fallo elimina protecciones legales fundamentales para la economía digital y pone en riesgo la inversión internacional. “Ahora le corresponde a la Suprema Corte de México romper con los vicios del pasado y defender los compromisos internacionales del país”, afirmó.
Por su parte, en una declaración retomada por El País, Richter defiende que la decisión de la Octava Sala de lo Civil de la Ciudad de México “es un fallo importante porque marca que los gigantes tecnológicos no pueden ir a su árbitro afectando los derechos de cualquier persona y que su actuar tiene consecuencias”.
El proceso abre el debate sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas respecto a los contenidos que se publican en sus servicios, la eficacia de los marcos regulatorios existentes y las implicaciones que un fallo de esta magnitud podría tener para la libertad de expresión en el entorno digital.
¿Por qué Google no retiró el blog?
Para comprender la dimensión del conflicto es necesario aclarar varios aspectos. En primer lugar, es importante considerar que, de acuerdo con las políticas de uso de Google, la responsabilidad sobre el contenido publicado en sus servicios recae, en la mayoría de los casos, en los propios usuarios.
Los términos de uso de los servicios de Google —incluido Blogger— establecen que el usuario asume cualquier responsabilidad, incluida la legal, por aquello que publica, distribuye o difunde a través de las plataformas gestionadas por la empresa. Esto significa que, cuando una persona acepta los términos y condiciones de uso de alguno de estos servicios, adquiere también la responsabilidad por la actividad que realice dentro de ellos.