La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso fin este 18 de marzo a casi 11 años y medio de permanencia de Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa, al designar en su lugar al exdirector de contrainteligencia militar Gustavo González López, dos meses y medio después de la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro.
Son dos caras de una misma moneda, dos hombres que han consolidado su poder a través de la contención de las protestas y la disidencia.
De hecho, la organización de defensa de Derechos Humanos Provea calificó la designación de González López como un «reciclaje de impunidad» y “la continuidad del mismo aparato con otro título”.
Padrino López se ganó la confianza de Maduro por su papel en ofrecer garantías de fidelidad del estamento militar, mientras el hoy depuesto mandatario ofrecía una presencia cada vez más frecuente y protagónica a uniformados activos en su gobierno.
Durante su periodo, los militares se desplazaron de las labores de defensa a ocupar cargos clave en el gabinete económico, la distribución de alimentos bajo los cuestionados programas de reparto de alimentos e insumos básicos de Maduro, el manejo de puertos y aduanas, el sector petrolero y la minería.
También bajo su puño se consolidó el aparato de control de orden público confiado a la Guardia Nacional Bolivariana, que sofocó las protestas de 2017, 2019 y la agitación luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara ganador a Maduro en las elecciones de julio de 2024, que la oposición asegura fueron ampliamente dominadas por Edmundo González Urrutia.
Esa unión cívico-militar, el lema con el que Hugo Chávez y luego Maduro insertaron a elementos de la fuerza armada en puestos esenciales de la vida civil, fue el germen de muchas de las investigaciones y señalamientos de corrupción hechos por la oposición, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de otros países y denunciados en investigaciones independientes.
Pero al mismo tiempo fue el acicate sobre el que se basó la lealtad del estamento militar, que aumentó su poder a medida que se alejaba de sus funciones naturales y participaba en lucrativos negocios.
Expediente internacional
Padrino López fue objeto de sanciones internacionales, por una variedad de cargos que van desde corrupción hasta violación de Derechos Humanos, pasando por narcotráfico y su participación en lo que los gobiernos de varios países han calificado como el fraude de Maduro en las elecciones de 2024.
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos lo investiga desde 2014, bajo la sospecha de que ha utilizado su posición para permitir la circulación de cargamentos de narcóticos por el territorio venezolano.
Esa pesquisa llevó al congelamiento de cuentas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2018 y a que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Paralelamente a la consolidación de Padrino López, su sustituto González López florecía en el poder con su papel mucho más protagónico en la represión de las protestas y la disidencia.
En 2015, González López fue sancionado por Estados Unidos por su papel en el control de las manifestaciones del año anterior, que terminaron con un saldo de 43 víctimas mortales, 486 heridos y 1.854 detenidos, según cifras de la Fiscalía General venezolana.
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En ese momento, González López era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), cargo que ocupó en dos periodos (2014-2018 y 2019-2024). Luego fue ministro del Interior de Maduro y jefe de Asuntos Estratégicos de la estatal petrolera PDVSA, bajo el mando de Delcy Rodríguez como ministra de Energía.
Bajo su mano se produjo en 2018 la muerte en custodia del SEBIN del concejal Fernando Albán, que fue denunciada ante la Corte Penal Internacional como un asesinato por parte de la exfiscal Luisa Ortega Díaz y elevada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por sus familiares.
Su regreso al gabinete se produjo tras la captura de Maduro, cuando Rodríguez lo designó comandante de la Guardia de Honor.
Luego lo promovió a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los organismos más señalados en los informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, como ejecutor de torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos.
La lealtad probada de Padrino López
El largo periodo de Padrino López en el Ministerio de Defensa se sustentó en las demostraciones de fidelidad que le ganaron la confianza de Maduro.
Alumno de Hugo Chávez en la Academia Militar, el general confesó que del fallecido presidente aprendió “la cultura de vocación, de poder expansionista, colonialista de los Estados Unidos” y gracias a él se afilió al pensamiento político socialista.
En 2002, cuando una rebelión militar expulsó brevemente del poder a Chávez, Padrino López era comandante del Batallón Bolívar de Fuerte Tiuna, y se abstuvo de sumarse a los insubordinados.
Luego, en 2019, se rehusó a unirse a la llamada Operación Libertad, la insurrección cívico-militar instigada por el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, que fue reconocido por la primera Administración de Donald Trump como presidente interino.
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En 2024, Padrino López pasó una nueva prueba de lealtad a Maduro, cuando desoyó los llamados de González Urrutia y María Corina Machado a reconocer la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la oposición asegura, con el respaldo de las actas electorales recolectadas por sus testigos, que fue ganada por el diplomático.
Mientras el poder del general se hacía cada vez más sólido, líderes opositores y organismos de monitoreo del estamento militar señalaban infructuosamente que ya se habían cumplido los lapsos legales para que Padrino López pasara a retiro.
El 3 de enero pasado, cuando fuerzas élite estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores en pleno Fuerte Tiuna, donde funciona el Ministerio de Defensa, Padrino López fue el primer funcionario de su gobierno que apareció públicamente.
Lo hizo con un pronunciamiento televisado en el que calificó la operación como un “cobarde secuestro” y denunció el “asesinato a sangre fría” del personal a cargo de la custodia de Maduro.
Luego, en declaraciones separadas, prometió una investigación, cuyos resultados aún no se conocen, y admitió que la soberanía había sido “ultrajada”, mientras reconfirmaba que la presidenta Rodríguez contaba con “todo» su apoyo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió el 13 de marzo, en su primer informe tras la captura de Maduro, que “las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.
Un ejemplo de ello podría ser el pase de testigo entre el hombre que consolidó la presencia militar en todos los estamentos de poder y el que ha sido señalado de apuntalar ese poder a fuerza de terror.
Con EFE, Reuters y medios locales