El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo
En los últimos días ha estado muy en boga el tema de la racionalización del gasto de parte del gobierno como parte de las medidas para enfrentar la situación de crisis que se nos avecina. Sin embargo, un tema de vital importancia que no puede dejar de tratarse, dentro de esa temática, lo constituye las nóminas públicas.
Aunque los discursos oficiales destacan avances en transparencia y rendición de cuentas, cuando se lleva a cabo un análisis riguroso de las nóminas de la administración pública, la realidad resulta mucho menos alentadora: la transparencia sigue siendo, en gran medida, una retórica, más que una práctica real y efectiva.
Las instituciones públicas están obligadas a publicar sus nóminas en virtud de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que consagra el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos del Estado.
A esto se suma la Ley No. 41-08 de Función Pública, que establece los principios de organización, mérito, profesionalización y transparencia del empleo público.
En teoría, el marco normativo es robusto. En la práctica, su cumplimiento es estéril.
Muchas instituciones publican sus nóminas únicamente para cumplir con el requisito formal. Pero se trata, en la mayoría de los casos, de documentos incompletos, desactualizados o presentados en formatos poco accesibles que dificultan el análisis y la fiscalización ciudadana.
Con frecuencia no se especifican las funciones reales de los empleados, y en la mayoría de los casos, no se transparentan los incentivos, compensaciones o beneficios adicionales que acompañan el salario base.
Prácticas nocivas
Esta falta de claridad no es un problema menor. Es el terreno fértil donde históricamente han proliferado prácticas nocivas para la administración pública, como los llamados “sobre sueldos”, o salarios ocultos, los nombramientos sin funciones definidas, la duplicidad de cargos y el crecimiento desproporcionado de estructuras burocráticas financiadas con fondos públicos.
Pero más preocupante aún es el retroceso en el uso de herramientas tecnológicas que en el pasado permitían un mayor control y transparencia sobre el empleo público.
El Estado dominicano llegó a contar con una plataforma clave: el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), desarrollado bajo la rectoría de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), ahora MAP, en el año 2005.
Este sistema representó un avance significativo, al centralizar la información sobre los servidores públicos y permitir conocer con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde trabajan, qué funciones desempeñan y las remuneraciones reales que perciben.
Además, el SASP constituía un mecanismo eficaz para prevenir irregularidades estructurales, como la duplicidad de empleos en distintas instituciones, una práctica que ha significado históricamente una carga pesada para el erario.
Sin embargo, en la actualidad, este sistema parece haber perdido protagonismo o no se utiliza con el rigor que demanda la transparencia moderna.
Como consecuencia, la información sobre el personal público se encuentra nuevamente dispersa, fragmentada y, en muchos casos, desarticulada. Esto debilita los mecanismos de control institucional y limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.
A esta problemática se suma un elemento aún más sensible: la necesidad urgente de racionalizar el gasto público. En un contexto de presiones fiscales, endeudamiento y demandas sociales crecientes, el gobierno está obligado a demostrarle a la población que administra con eficiencia cada peso del presupuesto nacional.
Y no hay forma creíble de hablar de racionalización del gasto sin transparencia plena en las nóminas públicas.
La nómina estatal representa uno de los principales renglones del gasto público. Por tanto, cualquier política seria de contención, reorganización o eficiencia del gasto debe comenzar por ahí: saber exactamente cuántos empleados tiene el Estado, qué funciones desempeñan, cuánto cuestan y si su labor responde a necesidades reales de la administración.
Sin información clara, integrada y verificable, la racionalización del gasto se convierte en un discurso vacío. Peor aún, abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden terminar afectando a los sectores más vulnerables, mientras se mantienen intactas estructuras ineficientes o clientelares.
Mientras la información continúe siendo incompleta, dispersa o difícil de interpretar, la ciudadanía seguirá enfrentando barreras para ejercer su derecho a la fiscalización. Y en ese escenario, la opacidad encuentra espacio para persistir.
jpm-am
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