La decisión de Israel de aprobar una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como sentencia por defecto para los palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales es «muy preocupante» para la Unión Europea, declaró este martes 31 de marzo un portavoz de la Comisión.
«Esto supone un claro retroceso (…) Instamos a Israel a que cumpla con su postura de principios anterior, con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y con su compromiso con los principios democráticos», subrayó el vocero en una rueda de prensa.
El funcionario añadió que no tiene nada que especular sobre las medidas que podría adoptar la Comisión Europea ante la decisión de Israel. El lunes, el Parlamento israelí aprobó la media, lo que constituye el cumplimiento de una promesa de los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Este martes, cientos de personas salieron a las calles de Londres para protestar en contra de la recién aprobada ley, con carteles con mensajes como «liberen a Palestina» o «terminen el apartheid».
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“Debe ser derogada de inmediato”
El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declaró este martes que la legislación viola el derecho internacional humanitario.
“Sugiere serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada de inmediato”, afirmó Volker Turk en un comunicado enviado a la prensa.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la recién aprobada normativa al calificarla como un “paso hacia el apartheid”.
“Es una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. El mismo delito, diferente castigo. Es otro paso hacia el apartheid. El mundo no puede permanecer en silencio” remarcó Sánchez, uno de los defensores más firmes de los palestinos entre los líderes occidentales.
El apartheid fue el sistema de segregación racial impuesto por los gobiernos de la minoría blanca de Sudáfrica en la segunda mitad del siglo pasado.
España se encuentra inmersa en un conflicto diplomático con Israel desde las duras críticas de la Administración de Sánchez al Gobierno israelí durante las hostilidades contra Gaza entre 2023 y 2025, a la que calificó de “genocidio”.
En diversas ocasiones, los funcionarios del Gobierno de Benjamin Netanyahu han justificado sus acciones violentas contra los palestinos, mientras tachan la postura española de “antisemita”.
La brecha se agudizó este mes tras la oposición de España a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, lo que llevó al país europeo a retirar definitivamente a su embajador en Israel el pasado 11 de marzo.
Los pormenores de la ley
Según el borrador debatido en comisión parlamentaria, la legislación obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena de muerte a palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes en actos considerados “terroristas”, salvo excepciones limitadas y poco definidas.
Estos tribunales militares solo juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los ciudadanos israelíes —incluidos los colonos judíos frecuentemente involucrados en asesinatos y otros actos violentos contra los palestinos— son procesados en tribunales civiles. En estos casos, la pena de muerte no sería obligatoria y requeriría condiciones adicionales, como demostrar que el crimen tenía como objetivo negar la existencia del Estado de Israel.
Para expertos legales y organizaciones de derechos humanos, esta diferencia crea un sistema judicial dual que, en la práctica, afectaría principalmente a los palestinos.
“Se aplicará en los territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Esto significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley”, declaró el investigador Amichai Cohen, del Instituto Israelí para la Democracia,
La legislación también establece que las ejecuciones se realicen por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia firme, sin contemplar mecanismos claros de clemencia o indulto.
Con Reuters
Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés