Cuestionan medidas económicas y alertan impacto en RD
Santo Domingo.— El espacio unitario de las izquierdas revolucionarias arremetió contra la postura del Gobierno dominicano frente al conflicto en Medio Oriente y advirtió que las medidas anunciadas por la administración de Luis Abinader resultan insuficientes ante el impacto económico que ya comienza a sentirse en el país.
En un documento público, el colectivo calificó como “desacertadas y violatorias del orden internacional” las acciones impulsadas por Estados Unidos junto a Israel en la región, señalando que la escalada bélica —que ya supera las cuatro semanas— ha desencadenado efectos directos sobre economías dependientes como la dominicana.
Según el grupo, el encarecimiento del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, junto al aumento en los costos de transporte y fletes, empieza a reflejarse en los precios de bienes y servicios, presionando la canasta familiar. En ese contexto, cuestionaron que las autoridades aseguren estar preparadas gracias a las reservas internacionales, estimadas en unos 16 mil millones de dólares.
“Las medidas anunciadas no responden a la magnitud de la crisis”, sostienen. A su juicio, la asignación de recursos desde el presupuesto nacional —que ronda los 10 mil millones de pesos— es “insuficiente y hasta simbólica” frente a un escenario global aún incierto.
Las izquierdas también criticaron las declaraciones oficiales que anticipan aumentos inevitables en tarifas eléctricas, transporte y alimentos, interpretándolas como una señal de que el costo de la crisis recaerá sobre los sectores más vulnerables: trabajadores, campesinos, pequeñas y medianas empresas y la clase media.
En ese sentido, acusaron al Gobierno de mantener una política económica que, lejos de amortiguar el impacto, podría profundizar las desigualdades sociales.
Como alternativa, el colectivo planteó un conjunto de medidas orientadas a reforzar la inversión pública, estimular la producción nacional y redistribuir el gasto estatal. Entre ellas figuran aumentar en un 25 % la inversión pública, eliminar exenciones a combustibles para grandes empresas, reducir significativamente el gasto en publicidad gubernamental y suspender beneficios como el llamado “barrilito” del Congreso.
Asimismo, propusieron incrementar el salario mínimo del sector público a 30 mil pesos, aplicar un reajuste salarial en el sector privado y eliminar el anticipo a las mipymes para dinamizar la actividad económica.
El documento concluye con una advertencia: de mantenerse la actual línea de acción, el país enfrentará una crisis con “graves consecuencias sociales”, en la que los sectores más empobrecidos cargarán con el mayor peso del ajuste.