Penas de hasta 20 años
El Ministerio Público ha solicitado para los tres generales penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos.El órgano de la persecución pidió la misma pena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
En tanto, pidió 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, así como para Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
A la vez, solicitó 10 años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón y Lucía De los Santos Viola.
Igualmente para Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500,000 pesos) y Miguel Ventura (multa de 500,000).
El Ministerio Público también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos. Asimismo, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R & F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L y la razón social Rawel Importadores S.R.L, al tiempo que solicitó el decomiso de los bienes incautados a los procesados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
Acusaciones
Los procesados están acusados de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público asegura que en el transcurso del proceso judicial ha establecido que éstos supuestamente realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.EFEmf