Por: Rafael Guerrero Peralta
La República Dominicana ha entrado peligrosamente en una etapa donde los feminicidios comienzan a percibirse no solo como tragedias individuales, sino como evidencia pública de un deterioro institucional incapaz de prevenir hechos anunciados.
Cada vez resulta más frecuente escuchar la misma historia: una mujer denuncia amenazas, acude desesperadamente ante las autoridades, solicita ayuda, presenta pruebas, advierte sobre el peligro, explica que teme por su vida, y aun así termina asesinada.
Después del crimen vienen las ruedas de prensa, los lamentos oficiales, las estadísticas, las promesas de investigación y, en muchos casos, el suicidio del agresor.
Pero para la sociedad ya no basta con explicaciones posteriores. La indignación nacional crece porque el problema dejó de ser únicamente judicial: se convirtió en una demostración de debilidad preventiva del Estado.
Cuando una víctima denuncia reiteradamente y aun así termina muerta, no estamos simplemente frente a un crimen pasional, como algunos todavía insisten irresponsablemente en llamarlo. Estamos frente al fracaso de todo un sistema de protección.
Y ese fracaso comienza a ser intolerable.
Lo más preocupante es que muchos de estos feminicidios presentan patrones repetitivos claramente identificables:
• amenazas previas
• agresiones anteriores
• persecución obsesiva
• violaciones de órdenes de alejamiento
• acceso ilegal o irresponsable a armas de fuego
• historial de violencia doméstica
• dependencia emocional enfermiza
• consumo de alcohol o drogas
• señales psicológicas evidentes de peligrosidad
Es decir: el riesgo existía, las señales estaban presentes, y aun así el sistema no reaccionó con la contundencia necesaria.
Eso obliga al país a asumir una realidad incómoda: la República Dominicana necesita endurecer radicalmente sus mecanismos preventivos frente a la violencia de género de alto riesgo.
No bastan campañas publicitarias ni llamados morales. La situación exige medidas firmes, coercitivas y ejemplarizantes.
Porque el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida.
Y cuando no logra hacerlo pese a advertencias previas, la sociedad tiene derecho a exigir reformas profundas.
Entre las medidas urgentes que deberían implementarse destacan las siguientes:
1. PRISIÓN PREVENTIVA OBLIGATORIA EN CASOS DE ALTO RIESGO
2. DESARME INMEDIATO DEL AGRESOR DENUNCIADO
3. BRAZALETES ELECTRÓNICOS Y GEOLOCALIZACIÓN
4. TIPIFICAR COMO DELITO GRAVE LA VIOLACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN
5. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL POR NEGLIGENCIA
6. UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ALTO RIESGO
7. EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA OBLIGATORIA EN CASOS EXTREMOS
8. REGISTRO NACIONAL DE AGRESORES VIOLENTOS
Pero además de las reformas legales, la sociedad dominicana necesita enfrentar una verdad aún más profunda: estamos viviendo un deterioro emocional colectivo extremadamente peligroso.
La violencia cotidiana, la intolerancia, el consumo de drogas, la crisis económica, la pérdida de autoridad familiar, la desintegración social y el debilitamiento de valores esenciales están produciendo ciudadanos cada vez menos capaces de manejar frustraciones y conflictos sin violencia.
Eso no justifica jamás el crimen. Pero sí explica por qué la situación se está agravando peligrosamente.
El feminicidio no puede seguir tratándose únicamente como una estadística anual. Debe asumirse como una amenaza seria a la estabilidad social, la confianza institucional y la seguridad humana del país.
Porque cuando una mujer denuncia que teme por su vida y termina asesinada, la sociedad completa recibe un mensaje devastador: el sistema no pudo protegerla.
Y cuando el Estado pierde capacidad preventiva frente a amenazas anunciadas, comienza a erosionarse uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la confianza ciudadana en la protección de la vida.