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POR EZEQUIEL CUEVAS
Mientras el Gobierno dominicano anuncia nuevas inversiones por cientos de millones de pesos en infraestructura y obtiene la aprobación de préstamos internacionales por más de 600 millones de dólares, una realidad incómoda sale a relucir: importantes leyes aprobadas para proteger derechos fundamentales continúan sin ser ejecutadas. Esta contradicción plantea un debate que trasciende la política y entra de lleno en el terreno constitucional y jurídico.
La reciente denuncia de que la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sigue sin aplicarse plenamente, tres años después de su promulgación, constituye un ejemplo preocupante. La Constitución dominicana reconoce el derecho a la salud, la igualdad y la protección especial de los sectores vulnerables. Cuando una ley destinada a garantizar esos derechos permanece sin ejecución efectiva, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una posible violación de obligaciones constitucionales.
Al mismo tiempo, el Senado aprobó nuevos préstamos por aproximadamente 600 millones de dólares destinados a financiar diversos proyectos estatales. Aunque la contratación de deuda pública está permitida por la Constitución y forma parte de las facultades legítimas del Estado, también es cierto que dichos recursos deben administrarse bajo criterios de racionalidad, transparencia y prioridad social.
Pregunta
La pregunta que surge es si las necesidades más urgentes de la población están siendo atendidas con la misma diligencia con la que se gestionan nuevos financiamientos.
A ello se suman los anuncios de inversiones de más de 580 millones de pesos para obras en Los Alcarrizos, incluyendo la interconexión vial de sectores y la construcción de un parque ecológico. Nadie puede negar la importancia de mejorar la infraestructura urbana ni de promover espacios públicos adecuados para las comunidades.
Sin embargo, el debate jurídico surge cuando se observa que el Estado dispone de recursos para nuevas construcciones mientras sectores vulnerables continúan esperando la aplicación de leyes que ya fueron aprobadas por el Congreso Nacional.
La Constitución de la República establece que la actuación de los poderes públicos debe orientarse a garantizar la dignidad humana y la efectividad de los derechos fundamentales. En consecuencia, no basta con promulgar leyes ni con anunciar grandes proyectos de inversión; también es necesario cumplir con las obligaciones legales existentes.
Una ley que no se ejecuta termina convirtiéndose en una promesa vacía para los ciudadanos que dependen de ella para mejorar sus condiciones de vida.
Esta situación pone en evidencia una problemática recurrente en la administración pública dominicana: la tendencia a privilegiar las obras visibles y políticamente rentables por encima de políticas públicas destinadas a atender necesidades sociales menos mediáticas, pero igualmente importantes.
La construcción de carreteras, parques y edificaciones genera titulares y ceremonias de inauguración; el cumplimiento de derechos fundamentales, en cambio, suele producir resultados menos visibles, aunque mucho más trascendentales para miles de familias.
La verdadera medida del compromiso de un gobierno con la Constitución no se encuentra únicamente en la cantidad de obras que inaugura ni en los préstamos que consigue aprobar, sino en su capacidad para hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos que estas reconocen.
En un Estado social y democrático de derecho, el progreso no puede medirse solamente en cemento y asfalto; también debe reflejarse en la protección efectiva de los sectores más vulnerables y en el respeto irrestricto al mandato constitucional.
JPM
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