Por Dr. Rafael Guerrero Peralta
Existen instituciones cuya transformación no puede medirse por el cambio de un uniforme, la adquisición de nuevos equipos, la construcción de modernas edificaciones o la integración de prestigiosas comisiones de trabajo. Tales acciones pueden representar avances importantes, pero la verdadera reforma solo puede afirmarse cuando el ciudadano percibe un cambio real en la conducta de quienes ejercen la autoridad y cuando el propio servidor público experimenta una transformación profunda en la manera de comprender y ejercer su misión.
Pocas instituciones representan un desafío tan complejo como la Policía Nacional. Ninguna otra mantiene un contacto tan permanente con la sociedad, enfrenta con tanta frecuencia los conflictos humanos ni está llamada a tomar decisiones de enorme trascendencia en cuestión de segundos. Precisamente por esa razón, reformar una institución policial constituye una de las tareas más difíciles que puede emprender un Estado democrático.
La República Dominicana ha dedicado durante los últimos años importantes esfuerzos políticos, económicos e institucionales con el propósito de impulsar una reforma policial integral. Sería injusto desconocer la existencia de voluntad política, el interés manifestado desde las más altas instancias del Estado o el trabajo desarrollado por numerosos profesionales nacionales e internacionales que han participado en ese proceso. Sin embargo, las reformas públicas no se juzgan únicamente por la nobleza de sus propósitos, sino por los resultados que producen en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Cuando, después de varios años de esfuerzos, la percepción de inseguridad permanece elevada, continúan produciéndose incidentes que generan preocupación pública y persisten cuestionamientos sobre determinadas actuaciones policiales, resulta legítimo preguntarse si la transformación ha logrado penetrar hasta el corazón mismo de la institución o si, por el contrario, ha permanecido concentrada en aspectos importantes, aunque insuficientes, para modificar la cultura organizacional que durante décadas ha definido su funcionamiento.
Quizás el mayor error que suele cometerse al analizar estos procesos consiste en buscar culpables antes que comprender las causas. Con frecuencia, el debate público oscila entre dos extremos igualmente perjudiciales. Unos atribuyen toda responsabilidad a la Policía Nacional, como si la institución fuese la única expresión de las dificultades que enfrenta la sociedad. Otros pretenden justificar actuaciones improcedentes argumentando las difíciles condiciones bajo las cuales desarrollan su labor los agentes policiales. Ninguna de esas posiciones contribuye a la solución del problema.
La realidad suele ser más compleja que los discursos simplificados.
El policía no nace dentro de una academia. Proviene de la misma sociedad a la que posteriormente deberá servir. Crece en los mismos barrios, conoce las mismas limitaciones económicas, comparte muchas de las preocupaciones familiares del resto de los ciudadanos y, en numerosas ocasiones, enfrenta las mismas carencias educativas y sociales que afectan a buena parte de la población. Pretender que, una vez colocado un uniforme, desaparezcan automáticamente todas esas influencias constituye una expectativa poco realista.
Pero precisamente porque el Estado le confiere el monopolio legítimo del uso de la fuerza, la institución tiene el deber de elevar al agente por encima de esas limitaciones. Ahí comienza la verdadera reforma. No basta con enseñar procedimientos. Es indispensable formar carácter, fortalecer principios, desarrollar inteligencia emocional, consolidar el autocontrol y convertir el respeto a la dignidad humana en un hábito profesional tan natural como el cumplimiento del deber.
La autoridad democrática no puede ejercerse desde la improvisación. Requiere preparación permanente, liderazgo ejemplar, supervisión efectiva y un régimen disciplinario que premie el mérito con la misma firmeza con que sancione las desviaciones. El uniforme, por sí solo, no produce autoridad moral. Esa autoridad se conquista diariamente mediante actuaciones transparentes, prudentes y respetuosas del orden constitucional.
Sin embargo, tampoco sería justo ignorar la otra dimensión de esta realidad.
Con frecuencia se exige al policía un nivel de desempeño extraordinario mientras desarrolla su labor bajo condiciones que distan mucho de ser ideales. Jornadas prolongadas, presión psicológica constante, riesgos permanentes para su integridad física, limitaciones logísticas, contacto cotidiano con la violencia y la necesidad de adoptar decisiones críticas en cuestión de segundos constituyen factores que generan un elevado desgaste emocional. Ninguna de esas circunstancias justifica una violación de los derechos fundamentales. Pero todas ellas ayudan a comprender por qué el bienestar integral del agente también forma parte de cualquier política seria de seguridad ciudadana.
Una institución difícilmente podrá ofrecer excelencia de manera sostenida si quienes la integran carecen de las condiciones necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones.
Existe además otro aspecto que merece una reflexión desapasionada. Durante los procesos de reforma suele recurrirse a la experiencia internacional, práctica que resulta comprensible y, en muchos casos, beneficiosa. Ninguna nación debería renunciar al conocimiento acumulado por otros países que han enfrentado desafíos similares. La cooperación internacional puede aportar metodologías, sistemas de evaluación, experiencias comparadas y herramientas técnicas de enorme utilidad.
No obstante, ninguna reforma institucional puede construirse ignorando la identidad nacional.
Cada sociedad posee una historia distinta, una cultura propia, una manera particular de relacionarse con la autoridad y formas específicas de convivencia comunitaria. Las dinámicas sociales de la República Dominicana responden a procesos históricos, culturales y familiares que no siempre encuentran equivalencia en otras latitudes. Por ello, los modelos importados requieren una cuidadosa adaptación a la realidad dominicana y un diálogo permanente con quienes conocen profundamente la evolución histórica de nuestras instituciones.
La experiencia internacional enriquece. La experiencia nacional orienta. Cuando ambas trabajan juntas, las posibilidades de éxito aumentan considerablemente.
Otro elemento que pocas veces ocupa el lugar que merece dentro del debate consiste en la responsabilidad compartida que corresponde a la ciudadanía.
Toda democracia reconoce derechos, pero también exige deberes. El respeto por la autoridad legítimamente constituida no representa una concesión al poder, sino una condición indispensable para la convivencia civilizada. Del mismo modo, la autoridad solo merece respeto cuando actúa dentro de los límites que establecen la Constitución y las leyes.
En los últimos años resulta evidente un deterioro preocupante de las normas básicas de convivencia. La intolerancia, la reacción impulsiva, la resistencia a la autoridad y la rápida escalada de conflictos cotidianos han creado escenarios donde situaciones inicialmente menores terminan convirtiéndose en enfrentamientos de consecuencias irreparables. La seguridad ciudadana no depende exclusivamente de la actuación policial. También requiere una ciudadanía comprometida con el respeto mutuo, la cultura de la legalidad y la solución pacífica de las diferencias.
La reforma policial, por tanto, no puede limitarse al ámbito institucional. Debe formar parte de un proyecto nacional de fortalecimiento democrático donde participen igualmente la familia, el sistema educativo, las organizaciones comunitarias, las iglesias, los medios de comunicación y todas aquellas instituciones responsables de la formación ética de la sociedad.
Quizás la reflexión más importante sea comprender que las instituciones no fracasan porque carezcan de reformas. Fracasan cuando las reformas no consiguen transformar la cultura con la que esas instituciones piensan, deciden y actúan.
Cambiar procedimientos resulta relativamente sencillo. Cambiar mentalidades requiere años de trabajo sostenido.
Modificar reglamentos puede hacerse mediante una resolución administrativa. Transformar hábitos, valores y estilos de liderazgo demanda perseverancia, coherencia y ejemplo.
Renovar la imagen institucional puede lograrse en pocos meses. Recuperar la confianza ciudadana constituye una tarea mucho más compleja, porque esa confianza no se decreta: se construye lentamente mediante miles de actuaciones correctas y puede perderse por un solo hecho que contradiga los principios que se pretende defender.
Por esa razón, la verdadera reforma policial no concluirá cuando finalicen los programas de capacitación ni cuando sean sustituidos determinados equipos o estructuras administrativas. Culminará únicamente cuando el ciudadano vuelva a mirar al agente policial con serenidad y confianza, y cuando el agente vea en cada ciudadano no a un adversario potencial, sino a la razón misma de su juramento de servicio.
La fortaleza de un Estado democrático no se mide únicamente por la eficacia con que combate la delincuencia, sino también por la legitimidad con que ejerce la autoridad. Seguridad y libertad no constituyen valores opuestos; son principios complementarios que solo pueden sostenerse cuando la ley gobierna por igual a gobernantes y gobernados, a ciudadanos y autoridades.
La Policía Nacional no necesita indulgencia, pero tampoco condena permanente. Necesita liderazgo, profesionalización, disciplina, formación continua, condiciones dignas de trabajo, mecanismos eficaces de supervisión y el respaldo decidido de una sociedad que comprenda la trascendencia de su misión.
Del mismo modo, la ciudadanía necesita una institución cercana, humana, preparada y plenamente comprometida con los principios del Estado social y democrático de derecho. La autoridad no existe para inspirar temor, sino confianza; no para imponer arbitrariedad, sino para garantizar que la libertad de cada ciudadano pueda ejercerse dentro del marco de la ley.
Cuando ese equilibrio se alcanza, las reformas dejan de ser simples proyectos gubernamentales para convertirse en auténticas transformaciones nacionales.
Solo entonces podrá afirmarse que no cambió únicamente el uniforme de una institución. Cambió su cultura, cambió su relación con la sociedad y cambió, sobre todo, la esperanza de un pueblo que comprende que la seguridad pública constituye uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa la paz, la justicia y la fortaleza de toda democracia.