Por Rosanna Barrera
El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana será sede del principal foro mundial sobre transparencia y lucha contra la corrupción. La noticia coloca al país en el centro de un debate de enorme importancia y representa una oportunidad para reflexionar sobre uno de los problemas que más ha golpeado nuestra democracia.
Pero más allá del evento, hay una pregunta que no podemos seguir posponiendo:
¿Qué está haciendo realmente la República Dominicana para cerrar el paso a la corrupción y a la impunidad?
Durante décadas, los dominicanos hemos sido testigos de cómo distintos gobiernos han llegado al poder prometiendo transparencia, eficiencia y un manejo responsable de los recursos públicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las denuncias de irregularidades, los escándalos y las investigaciones han terminado debilitando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La corrupción en este país no tiene color político. No pertenece a un partido específico ni a una sola administración. Es un problema estructural que ha acompañado al Estado dominicano durante demasiado tiempo y que solo podrá enfrentarse con instituciones fuertes, controles eficaces y una justicia verdadera.
El mayor peligro no es únicamente que existan actos de corrupción. Lo verdaderamente preocupante es que la sociedad termina normalizando estas malas prácticas, como si fueran parte inevitable del ejercicio del poder. No es así!
Cada escándalo deja la misma sensación de frustración y abre las mismas interrogantes.
¿Por qué este problema continúa repitiéndose generación tras generación?
¿Por qué los mecanismos de control siguen mostrando debilidades?
¿Por qué la percepción de impunidad continúa siendo un tema recurrente en el debate nacional?
¿Hasta cuándo el país seguirá esperando un sistema institucional capaz de garantizar que quien administre recursos públicos responda plenamente por sus actos?
Los recursos del Estado —que provienen, entre otras fuentes, de los impuestos que pagan los ciudadanos— deben administrarse con absoluto respeto y transparencia. Esa no debería ser una aspiración extraordinaria, sino una obligación elemental de todo servidor público.
La República Dominicana necesita fortalecer sus órganos de fiscalización, blindar sus instituciones frente a los intereses políticos y consolidar una cultura de rendición de cuentas que trascienda los cambios de gobierno. Las instituciones deben ser más fuertes que los funcionarios y más permanentes que cualquier proyecto político.
Ser sede de un foro internacional sobre transparencia será un honor para el país. Pero el verdadero reconocimiento llegará cuando la honestidad deje de depender de la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder y se convierta en una práctica institucional inquebrantable.
Porque la lucha contra la corrupción no se gana con discursos, conferencias o buenas intenciones. Se gana cuando la ley se aplica con el mismo rigor para todos, cuando las instituciones funcionan sin interferencias y cuando la confianza de los ciudadanos deja de ponerse a prueba con cada nuevo escándalo.
Ese es el desafío que tiene hoy la República Dominicana. Y esa es la verdadera conversación que el país necesita. [email protected]
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