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Como ente regulador y garante de la sociedad, el Estado deberá ser más productivo y efectivo para evitar que un mercado turístico-inmobiliario del país, en permanente crecimiento y desarrollo, se desacredite y grandes inversiones de dominicanos y extranjeros en distintos proyectos se vayan al suelo.
Si los desarrolladores reciben sobrados incentivos y exoneraciones oficiales, lo menos que se espera de ellos para con los compradores de buena fe es que cumplan con las ofertas de venta y con los compromisos contractuales; que no se salgan con las suyas de manera alegre, como se sabe de denuncias y reclamos que van en aumento.
Por supuesto, para evitar la venta de sueños, los cambios de las reglas de juego en el camino y hasta eventuales estafas que dañen la imagen del importante sector de la economía nacional, los órganos públicos deberían estar más atentos y dar un ejemplo, el primero, con violadores de derechos y de compromisos, para que se enmarquen en la ley.
Turismo y otras instancias pronosticadoras de bonanzas deberán sacudirse en lo adelante, a fin de que proyectos turísticos como Casa de Campo y Nueva Romana, en el Este, y otros en distintas regiones del país sean sometidos al orden y la gente que se animó a comprar en los mismos no sea dejada en la indefensión y con sus inversiones vistas en riesgo.
En el caso específico del proyecto de Playa Nueva Romana, de un gran atractivo y mucho potencial, parecería que con decisiones y prácticas administrativas equivocadas en favor de terceros ocasionales, que no son propietarios ni pagan cuotas de mantenimiento de las instalaciones, se estaría matando la gallina de los huevos de oro y ocasionando un gran daño al conjunto.
Pro Consumidor
Reconforta que Pro-Consumidor ha dado el primer paso al frente, ante reclamos formales de la Junta de Vecinos del Proyecto contra las empresas Promociones BP La Romana y ACOGE, del Grupo Piñeiro, de la cadena hotelera Bahía Príncipe.
En efecto, Pro-Consumidor, tras dos visitas de levantamiento en el terreno, comprobó publicidad engañosa, incumplimiento de contratos y denegación de información a los clientes del proyecto, y procedió a emitir la resolución 1739-26, del pasado 23 de septiembre, reconociendo las faltas atribuidas a los proveedores y dando un plazo de 15 días a los mismos para que respeten y cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato-reglamento del Proyecto.
El Grupo Piñeiro, en un giro a la línea de seriedad de sus mentores, luce reincidente, al tener similar acusación de publicidad engañosa e incumplimiento de contrato en México, en el proyecto «Tulum Country Club», en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, donde intervino la Procuraduría Federal del Consumidor.
Aquí, ¡manos a la obra!
jpm-am
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