La autora es periodista. Reside en Santo Domingo.
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Por Yanet Girón
En la República Dominicana, el alto costo de la vida está obligando a muchas familias a cambiar sus hábitos para poder llegar a fin de mes. Para algunos trabajadores, utilizar su propio vehículo para trasladarse al empleo o llevar a sus hijos a la escuela representa un gasto cada vez más difícil de sostener. Lo que antes facilitaba la rutina familiar ahora exige hacer cuentas antes de salir de casa.
Ante el elevado precio de los combustibles, algunos conductores han optado por dejar sus vehículos en casa y utilizar el transporte público para reducir gastos. No siempre se trata de una preferencia, sino de una necesidad económica. Quienes hicieron esfuerzos para adquirir un vehículo se enfrentan ahora a la disyuntiva de mantenerlo en circulación o buscar alternativas para proteger sus ingresos.
A esta situación se suman los precios de los alimentos, la electricidad y otros servicios indispensables. Muchos trabajadores sienten que sus salarios no aumentan al ritmo de sus compromisos económicos y que cada mes resulta más difícil cubrir las necesidades del hogar. Cuando pagar una obligación significa aplazar otra, la preocupación deja de ser ocasional y se convierte en parte de la vida cotidiana.
También preocupa el peso de los impuestos y los cargos que se aplican a determinadas compras y servicios. Por eso, es necesario examinar con transparencia cómo estas obligaciones repercuten en el consumidor y en su capacidad de compra. La discusión económica debe considerar tanto las necesidades del Estado como la realidad de quienes deben distribuir ingresos limitados entre numerosas responsabilidades.
Cuando una familia tiene que modificar su forma de transportarse, reducir sus compras y renunciar a ciertos gastos para poder mantenerse a flote, esa realidad merece atención. La presión económica puede generar frustración e incertidumbre, especialmente entre quienes trabajan diariamente sin encontrar suficiente margen para ahorrar o enfrentar imprevistos. Escuchar estas preocupaciones y evaluar respuestas responsables debe formar parte de las prioridades nacionales.
Trabajar debería permitir vivir con dignidad, atender a los hijos y cubrir las necesidades esenciales sin convertir cada decisión en una preocupación financiera. Si un empleado debe dejar su vehículo en casa para ahorrar combustible y, al mismo tiempo, calcular cómo pagará los alimentos y la electricidad, hay una realidad social que no puede ignorarse. El esfuerzo de la ciudadanía merece respuestas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a recuperar la tranquilidad económica de los hogares dominicanos.
jpm-am
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