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Por IVAN CANALS
Hay un principio que no admite discusión: sin cédula no hay ciudadanía plena. Y sin ciudadanía plena no hay democracia. El proceso de cedulación en el exterior que lleva a cabo la Junta Central Electoral no es un trámite administrativo más. Es el reconocimiento práctico de que hay casi tres millones de dominicanos que, aunque viven fuera del territorio, siguen sosteniendo a este país con remesas, con inversiones, con su trabajo y con su identidad.
La Constitución de 2010 consagró el voto en el exterior y la doble nacionalidad como derechos irreversibles. Pero esos derechos son letra muerta si el dominicano en Nueva York, en Madrid, en Boston o en Toronto no puede obtener su cédula.
La Ley 151-04 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral establecen que la JCE debe garantizar la identidad y el sufragio de todos los dominicanos, sin distinción de residencia. Cuando el Estado no financia adecuadamente ese proceso, está violando por omisión un derecho fundamental.
No podemos seguir celebrando que el voto en el exterior crece cada cuatro años mientras escondemos que miles se quedan fuera porque su cédula venció y no hubo operativo cerca de su ciudad. En Suiza, en Chile, en Alemania, dominicanos tienen que viajar 400 kilómetros y perder un día de trabajo para intentar renovar un plástico.
LA DIÁSPORA PAGA Y MANTIENE
En 2025 la diáspora envió más de 10,800 millones de dólares en remesas. Eso paga la educación de nuestros niños, las medicinas de nuestros viejos, el block y la varilla de miles de casas. Si el Estado exige que el dominicano en el exterior siga siendo contribuyente de hecho de la economía nacional, tiene que tratarlo como ciudadano de pleno derecho. Y la cédula es la puerta de entrada a todo: al crédito, a la seguridad social, a votar, a reclamar una herencia, a registrar a un hijo.
El Instituto de Dominicanos en el Exterior se creó precisamente para articular políticas hacia esa comunidad. Pero el INDEX sin cédula no funciona. De poco sirve abrir una oficina del INDEX en Canadá si el consulado que está en la misma calle no tiene capacidad para cedular a los dominicanos que allí residen.
EL COSTO DE NO HACERLO ES MAYOR
Hay quienes, desde la comodidad del presupuesto, ven la cedulación en el exterior como un gasto. Es un error de cálculo. Cada dominicano que no renueva su cédula es un dominicano que no podrá votar en 2028, que no podrá actualizar su registro, que se desconecta del padrón. Es un incentivo a la informalidad y a la desafección.
Cada denuncia en redes sociales de un consulado colapsado en Nueva Jersey, de una máquina dañada en Barcelona que nadie repara, de un operativo anunciado y cancelado en Providence, se convierte en un relato de abandono. Y ese relato lo capitalizan la apatía y el descreimiento. La JCE ha hecho un esfuerzo encomiable con los recursos que tiene. Ha llevado la nueva cédula a 22 ciudades. Pero la JCE no imprime dinero.
LO QUE DEBE HACER EL GOBIERNO
Necesita que el Gobierno central, a través de la Cancillería, del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia, asigne una partida especial, extraordinaria y suficiente. Hablamos de habilitar más estaciones, contratar personal temporal, extender horarios, pagar viáticos a brigadas móviles que lleguen a donde no hay consulado, garantizar conectividad y seguridad de los datos biométricos.
Debe establecer un fondo interinstitucional JCE-MIREX-Hacienda para la cedulación exterior 2026-2028 con trazabilidad pública. Que no dependa de la buena voluntad del ministro de turno. Duplicar las brigadas móviles en Estados Unidos y España, donde se concentra el 82 por ciento de la diáspora, y llevar operativos trimestrales a comunidades emergentes en Canadá, Italia, Suiza, Panamá y Chile.
Integrar la cédula con los servicios consulares. No tiene sentido que un dominicano haga una fila para renovar su pasaporte y otra fila, otro día, para la cédula. Una sola cita, un solo expediente. Y rendir cuentas en tiempo real. Cuántas cédulas emitidas por ciudad, tiempo promedio de espera, porcentaje de rechazo. La diáspora es la comunidad más conectada digitalmente del país y merece transparencia.
En definitiva, la democracia dominicana ya no cabe en 48,310 kilómetros cuadrados. Cabe en el mundo donde hay un dominicano. Si queremos que en 2028 la diáspora vote de manera masiva, ordenada y legítima, tenemos que garantizar hoy que tenga su cédula en la mano. Eso no lo hace solo la JCE. Lo hace el Estado en su conjunto.
El Gobierno está en la obligación de aportar los recursos. No mañana. Ahora. Porque cada cédula que no se entrega a tiempo en el exterior es una puerta que el país le cierra a uno de sus mejores hijos.
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