SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este viernes la creación de un reglamento nacional sobre videovigilancia en centros educativos, el cual incluiría la participación del Ministerio de Educación (MINERD), asociaciones de padres, amigos de la escuela y representantes de la sociedad civil.
La organización magisterial aclaró que no se opone a la instalación de cámaras en las escuelas, siempre que su uso no atente contra la intimidad de estudiantes y docentes ni se utilice como mecanismo de control laboral o disciplinario.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras no puede imponerse de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales”, expresó la ADP en un comunicado oficial.
Además de la propuesta del reglamento, el sindicato sugiere la creación de una mesa de diálogo multisectorial, con presencia del Defensor del Pueblo, UNICEF y otros actores sociales. Este espacio buscaría establecer consensos en torno a la instalación, uso y supervisión de sistemas de videovigilancia en las escuelas del país.
Uso ético y legal
La ADP hizo hincapié en la necesidad de establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o por la instalación irregular de cámaras. Asimismo, subrayó que toda política en este ámbito debe garantizar que las imágenes no sean utilizadas con fines punitivos contra el profesorado o el estudiantado.
“Las cámaras deben ser una herramienta de protección, no de control o vigilancia laboral. Su uso debe estar orientado a la prevención de riesgos reales, no a generar un ambiente hostil dentro de las aulas”, agregó el gremio.
La organización citó la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional, la cual reconoce la legitimidad de medidas tecnológicas en ambientes educativos, pero siempre bajo el principio del respeto a la intimidad.
Consentimiento y proporcionalidad
Otro aspecto clave señalado por la ADP es la transparencia en el consentimiento. Según lo expuesto, cualquier sistema de videovigilancia debe ser previamente informado a familias, docentes y personal administrativo, quienes deberán otorgar un consentimiento “libre, informado y específico”, conforme a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Además, la ADP exigió que la instalación de cámaras esté precedida por un diagnóstico objetivo de riesgos, evitando la generalización indiscriminada del uso de estos dispositivos. También recomendó realizar estudios de impacto legal, social y psicológico antes de su implementación.
Enfoque en la niñez
Finalmente, la organización gremial destacó que cualquier política de vigilancia en centros escolares debe centrarse en la protección de la niñez y no en mecanismos de control encubiertos, como ya han advertido el Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez.
La ADP respaldó su posición en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre Protección de Datos Personales y las recomendaciones de organismos como la UNESCO y UNICEF.