Washington, DC. El almirante estadounidense Frank Bradley negó categóricamente haber ordenado la eliminación de los sobrevivientes del primer ataque contra una presunta embarcación utilizada para el narcotráfico el pasado 2 de septiembre en el Caribe.
Su declaración fue dada a conocer por el senador republicano Tom Cotton, tras una reunión a puerta cerrada con los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, encargados de examinar la legalidad de las operaciones militares en el marco de la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Donald Trump.
El encuentro tuvo lugar luego de que legisladores exigieran respuestas a raíz de una publicación de The Washington Post, donde se afirmaba que, después del primer bombardeo que dejó once fallecidos, se habría ejecutado un segundo ataque para acabar con dos sobrevivientes.
Tom Cotton defendió la postura de Bradley, incluso asegurando que él mismo habría ordenado ataques adicionales de encontrarse en la misma situación. Sin embargo, el congresista demócrata Jim Himes describió la reunión como una de las experiencias «más perturbadoras» que ha vivido.
Según Himes, en el video del segundo ataque es posible observar a dos individuos en situación vulnerable antes de ser abatidos, por su parte, un funcionario del Departamento de Defensa indicó a NBC News que los supervivientes fueron considerados «objetivos militares válidos», presuntamente identificados como narcoterroristas, argumentando que tras el primer ataque se comunicaron con otra embarcación relacionada con actividades ilícitas.
El presidente Trump aseguró que el Pentágono divulgará el video del segundo bombardeo, minimizando la controversia al igual que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien afirmó no haber supervisado directamente la operación, desde agosto hasta la fecha, el Pentágono ha confirmado veintiún ataques contra supuestas «narcolanchas», con un saldo de 82 presuntos narcoterroristas fallecidos.
La Casa Blanca vincula estas embarcaciones con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, grupos criminales de origen venezolano que han sido catalogados como terroristas como parte del amplio despliegue militar en el Caribe y del aumento de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.