El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
En la República Dominicana no estamos frente a errores aislados ni simples fallas administrativas, sino ante un modelo institucional profundamente defectuoso. Las llamadas empresas públicas “autónomas” se han transformado en verdaderas zonas grises del poder. Manejan recursos públicos multimillonarios, influyen en servicios esenciales y toman decisiones estratégicas, pero operan fuera de los controles estrictos del Estado. No son ministerios ni empresas privadas reales, son híbridos funcionales a la impunidad.
La autonomía fue presentada como sinónimo de modernización, eficiencia y agilidad. Sin embargo, en la práctica terminó funcionando como una coartada técnica para debilitar la fiscalización. Se eliminaron trámites, pero también alarmas; se aceleraron procesos, pero se apagaron contrapesos. El resultado es un aparato estatal rápido para gastar, lento para supervisar y casi inexistente cuando se trata de asumir responsabilidades políticas.
El caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es ilustrativo y alarmante. Para que las irregularidades hoy denunciadas se acumularan durante años, no falló una sola entidad, fallaron más de veinte instituciones del Estado dominicano. Ministerios, órganos de control, supervisores sectoriales, consejos directivos y auditorías internas convivieron con el problema sin corregirlo. Veinte fallas simultáneas no son casualidad: son la prueba de un colapso sistémico.
Cuando más de veinte instituciones fallan al mismo tiempo, la pregunta central deja de ser “¿quién robó?” y pasa a ser “¿para qué sirve el Estado?”. Un sistema donde todos observan, nadie actúa y nadie responde no es débil por accidente; es fuerte en su capacidad de proteger la inacción. La corrupción estructural no grita ni deja rastros evidentes, se normaliza, se administra y se vuelve rutina.
Algo muy similar ocurre con Seguros Reservas, una aseguradora propiedad indirecta del Estado que compite en el mercado como empresa privada, pero sin asumir los riesgos del mercado. En los últimos años ha mostrado pérdidas operativas sostenidas, aumentos desproporcionados en comisiones, nóminas infladas y gastos publicitarios excesivos. Aun así, recibe rescates constantes del Banreservas, sin consecuencias visibles para su gestión.
Aquí no se habla necesariamente de delitos penales comprobados ni de maletas de dinero. Se habla de algo más corrosivo: ineficiencia crónica financiada con fondos públicos, decisiones sin costo político y conflictos de interés tolerados como parte del paisaje. Todo luce legal, todo tiene firma y resolución administrativa, pero nada resiste una auditoría ética rigurosa ni una evaluación seria de resultados.
La corrupción estructural no siempre roba; muchas veces drena. Drena recursos en comisiones infladas, contratos repetidos con los mismos proveedores, campañas publicitarias que no mejoran los servicios y nóminas que crecen sin respaldo técnico. Es una corrupción elegante, de escritorio, que no provoca escándalos inmediatos, pero debilita lentamente la capacidad del Estado y la confianza de la ciudadanía.
El vacío legal es uno de los núcleos del problema. Estas entidades no están plenamente sometidas a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones ni al control preventivo continuo de la Contraloría General. Al mismo tiempo, tampoco enfrentan la disciplina del mercado, no quiebran, no desaparecen y siempre cuentan con el rescate estatal. Se crea así un sistema perverso de gasto sin control y salvamento garantizado.
De ese diseño nace la captura institucional. Consejos directivos integrados por cuotas políticas, supervisores sin capacidad sancionadora, informes financieros poco accesibles y un Congreso que fiscaliza de forma selectiva completan el círculo. No hace falta una conspiración organizada, basta con la comodidad del silencio, la normalización de la opacidad y la ausencia de consecuencias reales.
El daño no es abstracto ni teórico. Se traduce en servicios más caros, menor calidad, desconfianza ciudadana y competencia distorsionada. Empresas privadas que sí pagan el precio de la ineficiencia compiten en desventaja frente a entidades estatales con salvavidas ilimitado. El resultado es un mercado desigual y un Estado que subsidia su propia ineficacia.
El debate público suele centrarse en nombres propios, quién dirigía SeNaSa, quién estaba al frente de Seguros Reservas, quién firmó tal o cual contrato. Esa discusión es necesaria, pero insuficiente. Mientras veinte instituciones puedan fallar sin consecuencias, cambiar personas no cambia el resultado. El problema no es solo quién gestiona, sino el sistema que permite fallar sin rendir cuentas.
La mayor amenaza para la democracia dominicana no es la corrupción burda, sino la corrupción estructural, la que es legal, silenciosa y sostenida por un diseño institucional defectuoso. Un Estado que crea empresas “autónomas” para escapar del control termina siendo rehén de ellas. Y mientras no se corrija ese diseño, los escándalos seguirán apareciendo tarde… y costándonos caro a todos.
jpm-am
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