Manifestantes incendiaron una oficina local del Partido Comunista de la ciudad central de Morón en la provincia de Ciego de Ávila el 14 de marzo, una muestra de descontento por la crítica situación de la isla, que este domingo esperaba que 58% de su territorio quedara nuevamente a oscuras.
Cinco de los manifestantes, que se quejaban por los constantes apagones y la dificultad en el acceso a alimentos en insumos básicos, fueron detenidos luego de que arrojaran piedras y prendieran fuego a parte del mobiliario de la oficina, como mostraron videos compartidos en redes sociales.
«Lo que inicialmente comenzó pacíficamente, y tras un intercambio con las autoridades locales, se convirtió en actos de vandalismo contra la sede del Comité Municipal del Partido», detalló el periódico local Invasor.
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Tolerancia con límites
Informes contradictorios hablan de que se produjo al menos un disparo durante la protesta, sin identificar de dónde se originó, y difieren sobre la razón por la que las imágenes mostraban a una persona tendida en el suelo, sin precisar si había sido alcanzada por la supuesta detonación.
Medios estatales aseguran que la caída se produjo porque el manifestante estaba ebrio y el diario La Vanguardia sostuvo que “nadie resultó herido por disparos”.
El Gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció que es «comprensible el malestar» y consideró «legítimas las quejas y reclamos”, aunque los condicionó a que “se actúe con civismo y respeto al orden público».
Una farmacia y una pequeña tienda resultaron afectadas por el fuego, y las autoridades cubanas aseguraron que no permitirán «actos de vandalismo».
«No habrá impunidad por vandalismo y violencia», aseguró el presidente, según reportan medios oficiales cubanos.
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De nuevo a oscuras
Las manifestaciones se han reactivado después de que el 13 de marzo Díaz-Canel admitiera conversaciones con el gobierno estadounidense, poniendo fin a semanas de especulaciones al respecto.
En la misma alocución en la que confirmó los contactos, el presidente precisó que la isla no ha recibido suministro petrolero durante tres meses, lo que atribuyó al bloqueo energético estadounidense, e informó que la isla se mantenía en pie con una combinación de gas natural, paneles de energía solar y centrales termoeléctricas.
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Dos centrales eléctricas tuvieron que ser cerradas como consecuencia de la falta de combustible, reduciendo aún más la oferta de generación.
Se esperaba que nuevos apagones afectaran la isla entre la tarde y la noche de este 15 de marzo, a la hora de mayor demanda energética, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).
La entidad anticipa un déficit de 1.730 megavatios en la generación, con una demanda pico de 3.050 MW y una capacidad de generación de 1.320.
El nuevo apagón se produce apenas 48 horas después de que 68% de la isla quedara sin energía el viernes 13 de marzo.
Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica de Cuba no están operativas por causas que no se relacionan con el bloqueo energético estadounidense, como averías y labores de mantenimiento.
Pero el Gobierno no ha podido echar mano de la llamada generación distribuida, que funciona con motores a diésel o fueloil, por falta de combustible.
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Continúan las excarcelaciones
Organizaciones de derechos humanos estimaron el 14 de marzo que las autoridades cubanas excarcelaron entre 12 y 15 personas que se mantenía detenidas por motivos políticos, la mayoría de ellos por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, que fueron las más activas en años.
La organización activista Justicia 11J contabilizó 12 liberaciones, mientras que Prisoners Defenders (PD) aseguró que habían salido de prisión 15 personas.
La medida de excarcelaciones fue descrita el 12 de marzo por el Gobierno de Díaz-Canel como una decisión “soberana” a la que se llegó con la mediación del Vaticano, excluyendo los contactos con Washington de la ecuación, y que debía alcanzar a 51 personas, aunque oenegés aseguran que la lista podría estar abultada por presos comunes.
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Amnistía Internacional ha criticado la opacidad con la que se ha manejado el tema, sin anticipar los nombres de los beneficiados ni las condiciones en las que se producían las libraciones.
Se cree que no se trata de indultos, sino de medidas sustitutivas de la privación de libertad, cuyo alcance queda marcado por el cumplimiento de determinados requisitos durante el tiempo previsto en las condenas previamente dictadas.
La cifra es apenas una fracción de la cantidad total de encarcelados por razones políticas en Cuba, que según PD son 1.214 personas y de acuerdo con Justicia 11J son 760.
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Con EFE, AP y Reuters