Santo Domingo.- El tribunal aplazó para el martes 7 a las 2:00 de la tarde el conocimiento del proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por presunto soborno, luego de que la defensa solicitara más tiempo para examinar las pruebas del expediente.
La solicitud fue presentada por los abogados del imputado con el argumento de revisar en detalle las piezas y evidencias que sustentan la acusación.
- El tribunal acogió el pedimento y reprogramó la audiencia para la referida fecha.
El caso se enmarca en un proceso por presuntos actos de corrupción administrativa que involucran a un representante del Ministerio Público, lo que ha generado atención por tratarse de un funcionario llamado a perseguir este tipo de delitos.
Ministerio Público reitera postura firme
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “repugnante, indignante e inaceptable” el hecho que se juzga en este proceso, y aseguró que el Ministerio Público actuará con la misma firmeza que ha caracterizado su accionar.
Sostuvo que la institución no tiene ningún compromiso con la impunidad y que continuará persiguiendo la corrupción, sin importar su naturaleza ni las personas involucradas.
“Siempre habrá una respuesta contundente del Ministerio Público”, afirmó, al tiempo que indicó que esa línea responde a instrucciones directas de la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso.
Camacho también destacó que el órgano acusador cuenta con la experiencia suficiente para conducir el proceso sin afectar su curso, garantizando el respeto a los procedimientos legales.
Aseguran solidez de las pruebas
El procurador subrayó que fue la propia defensa la que solicitó el aplazamiento para conocer las evidencias, lo que, a su juicio, confirma la magnitud del expediente presentado.
En ese sentido, aseguró que las pruebas recopiladas por el Ministerio Público son “irrefutables”, lo que refuerza la acusación en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
El proceso continuará el próximo martes, cuando se espera que el tribunal avance en el conocimiento de las pruebas, en un caso que pone bajo escrutinio a un miembro del sistema de justicia por presuntos actos de corrupción.