El autor es abogado. Reside en Santo Domingo
En los últimos veinticinco años en la República Dominicana se ha venido desarrollado una serie de acciones tendentes a fortalecer la transparencia, el control social, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, en pro del manejo adecuado de los recursos del Estado
Ese proceso de impulso y promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa empezó con el primer gobierno del PLD, en el 1996, aun teniendo el Congreso en contra.
Apenas a un año del primer gobierno del PLD, fue emitido por el Presidente Leonel Fernández el Decreto No. 322-97, de fecha 24 de julio de 1997, que creó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO), como una dependencia de la Procuraduría General de la República.
Ese Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa tuvo a cargo el diseño, ejecución y manejo del Programa Nacional de la Lucha Contra la Corrupción Administrativa, y entre sus atribuciones estaban las de capacitación, prevención e investigación de denuncias de actos de corrupción.
Más de 500 cursos-talleres de ética y responsabilidad penal de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones fueron impartidos en toda la geografía nacional a través de dicho Departamento.
En el año 1999, la República Dominicana se hizo signataria de la Convención Interamericana Contra La Corrupción firmada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como forma de potenciar aún más el compromiso de combatir el flagelo de la corrupción en nuestro país.
Cuando el PLD retorna al poder en el 2004 comienza de inmediato a diseñar y desarrollar las herramientas que le permitirían un ejercicio de la administración pública sustentado en valores éticos y morales para un manejo de los bienes públicos más correcto y transparente.
Entre las normas aprobadas por el Congreso Nacional, de mayoría peledeísta en ese entonces, estuvieron las que tienen que ver con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, entre las que cabe mencionar la Ley de Tesorería, Ley de Presupuesto, Ley de Control Interno y Auditoría, y Ley de Crédito Público.
También fueron aprobadas la Ley de Compras y Contrataciones, la creación Sistema Integrado de Administración Financiera, el Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF), y la Cuenta Única del Tesoro, procurando que con estas piezas se acabara el alto nivel de discrecionalidad que, hasta ese entonces, poseían los funcionarios en el manejo de la cosa pública.
Igualmente hay que mencionar los sorteos de obras por concursos, los que beneficiaron a muchos ingenieros jóvenes y profesionales de diferentes áreas en el país, así como a los proveedores del Estado, pasando de 19 mil a 65 mil en los gobiernos del PLD.
Decretos
Hay que destacar el decreto 14-17 del presidente Danilo Medina que establece que nadie puede iniciar una obra ni comprometer el gobierno si los recursos no están consignados en el presupuesto, procurando con ésto disminuir los niveles de corrupción o de rejuego a la hora de pagar con retraso.
Mediante el Decreto Núm. 486-12, del 21 d e agosto de 2012, se creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), institución que funge como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información, con el principal objetivo de tomar todas las medidas necesarias para la creación de un verdadero clima ético en el seno de la administración pública.
Asimismo, a través del Decreto No. 147-17, del 26 de abril de 2017, fueron creadas las Comisiones de Ética Pública (CEP), las cuales tienen como objeto fomentar el correcto proceder de los servidores públicos de la institución a la que pertenezcan, promoviendo su apego a la ética, integridad, transparencia y rendición de cuentas oportuna a la ciudadanía.
Se dejaron instituidas las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAI) en todas las instituciones del Estado, las cuales fungen como enlace entre las personas y la institución pública, garantizando que toda persona interesada, sin discriminación alguna, pueda ejercer el derecho de solicitar y tener acceso a la información pública (Ley 200-04, d/f 28/07/04).
Las herramientas de transparencia en la República Dominicana incluyen, además, el Portal Único de Transparencia, el Portal de Transparencia de la Presidencia de la República, el Portal de Compras y Contrataciones, el Portal de Transparencia Fiscal y Presupuestaria, Cartas Compromisos al Ciudadano, todas creadas en los gobiernos del PLD.
Igualmente, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), un sistema de información integrado y flexible, que permite al Estado y a las altas instancias de las instituciones que ya lo han implementado, contar con la información consolidada y oportuna sobre quiénes son los servidores, dónde están, qué hacen.
El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), un sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo y cumplimiento de la gestión pública, que desde el 2010 se ha venido implementando en el Poder Ejecutivo, a través de Indicadores Básicos de Organización y Gestión relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas de control y fiscalización.
Aunque reconocemos y saludamos la disposición de este gobierno de darle continuidad a esos avances alcanzados, hay que admitir, con toda justeza, que todas las herramientas que en la actualidad existen para la transparencia en la gestión pública, y la prevención de actos de corrupción, han sido diseñadas, desarrolladas e implementadas en los gobiernos del PLD, todo lo que se pretenda decir en contrario, es pura mezquindad.
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