EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
El tema de la inmigración ilegal de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana ha dejado de ser una simple preocupación para convertirse en una alarma nacional.
Las redadas, las cifras de deportaciones y los discursos oficiales no encajan. Mientras las autoridades aseguran que deportan a miles de indocumentados, la realidad en las calles, en las construcciones, en los campos, parece contradecir cada palabra oficial. Estamos atrapados en un círculo vicioso donde las mismas promesas se reciclan, y la verdad se esconde tras una cortina de números inflados.
La política migratoria del gobierno se enreda entre cifras dudosas, complicidades internas y una falta alarmante de transparencia.
Un ejemplo reciente lo ilustra: la intervención en el sector Mata Mosquito, en Friusa, se produjo justo después de una marcha organizada por la Antigua Orden Dominicana. Poco después, el presidente anunció una agenda de 15 puntos para enfrentar el tráfico de ilegales y frenar la entrada de parturientas haitianas a los hospitales dominicanos. Llama la atención que, tras cinco años de gestión, apenas ahora el gobierno decida actuar con una supuesta firmeza. ¿Acaso lo que antes era invisible hoy se volvió insostenible?
El término «círculo vicioso en la frontera» entre República Dominicana y Haití describe una serie de dinámicas interconectadas que perpetúan tensiones sociales, económicas y políticas en la región, citamos: A pesar de los esfuerzos por controlar la migración ilegal, la corrupción en los puertos fronterizos permite que muchos haitianos ingresan nuevamente al país tras ser deportados, a menudo mediante sobornos a funcionarios. Esto socava la política migratoria y perpetúa la presencia de inmigrantes indocumentados, alimentando la percepción de un «invasor» y justificando medidas más estrictas, que siempre son permeadas por oportunistas.
Movido por la inquietud, visité el portal de la Dirección General de Migración (DGM). En los informes publicados, no encontré cifras claras ni actualizadas sobre las deportaciones hacia Haití. Apenas datos fragmentados, sin respaldo visual, sin pruebas del proceso ni registros públicos que den cuenta del cumplimiento de la ley. Nos preguntamos: ¿cómo puede el pueblo dominicano confiar en un sistema que no muestra resultados verificables?
Según el gobierno, en 2024 se deportaron más de un millón de haitianos. Sin embargo, el propio director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, reconoció que no existen datos precisos sobre la magnitud del fenómeno. Según estimaciones, en 2023 residían en el país alrededor de 800,000 inmigrantes, de los cuales unos 700,000 serían haitianos o de origen haitiano.
En los primeros tres meses de 2025, la DGM informó la deportación de más de 86,000 ilegales, una cifra muy por debajo del promedio proyectado de 10,000 a la semana. Las matemáticas no cuadran, y la realidad tampoco.
A este panorama se suma un entramado de complicidades internas: empresarios, hoteleros, agricultores, compañías de seguridad y traficantes de personas que, por interés económico, alimentan esta maquinaria irregular. A falta de mano de obra barata local, muchos optan por contratar inmigrantes sin papeles, violando el Código de Trabajo que exige un 80 % de empleados dominicanos frente a un 20 % extranjeros.
La solución no puede seguir siendo el silencio o las estadísticas huecas. Las deportaciones deben ejecutarse con total transparencia: con presencia de prensa, con documentación verificable, con registros de nombres y huellas digitales. Solo así se podrá detener el reciclaje constante de indocumentados que hoy son deportados y mañana ya están de regreso.
Algunas voces desde la oposición han propuesto medidas que merecen consideración: control fronterizo más estricto, regulación laboral de extranjeros, y relaciones bilaterales efectivas con Haití. Estas ideas no deben ser vistas como ataques, sino como aportes a una política migratoria coherente.
El país necesita acción real. No bastan discursos ni medidas cosméticas. Es hora de implementar un registro nacional de trabajadores haitianos, depurar las estadísticas y, si es necesario, cerrar la frontera por seis meses hasta que se restablezca el orden.
Las 15 medidas presidenciales parecen un intento de calmar las aguas, pero no bastan. La frontera no pide palabras; exige manos firmes y decisiones valientes.
of-am
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