El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
Se supone que los programas sociales existen para aliviar la pobreza, reducir las desigualdades y garantizar que nadie quede atrás. Por lo menos, esa debería ser la premisa.
Sin embargo, cuando estos mecanismos carecen de transparencia, terminan convirtiéndose en instrumentos opacos, vulnerables a la discrecionalidad y, peor aún, a la manipulación política.
Lamentablemente, esa parece ser una tendencia creciente en la República Dominicana. El país ha avanzado, sí, en la creación de sistemas de asistencia social, pero en los últimos años la confianza ciudadana parece debilitarse en cuanto al manejo que se le viene dando a los recursos públicos destinados para tales fines.
Y no es que la solidaridad estatal no sea necesaria —lo es más que nunca—, sino porque la ciudadanía no sabe con claridad cómo se seleccionan los beneficiarios, cuáles criterios se aplican, cómo se auditan los fondos, ni qué resultados concretos se logran con las ayudas que se otorgan.
La falta de transparencia tiene consecuencias reales. No solo erosiona la institucionalidad, sino que desvirtúa la razón misma de los programas sociales: atender a quienes más lo necesitan.
Cuando los filtros son débiles y la supervisión mínima, los recursos pueden desviarse hacia beneficiarios que no cumplen los requisitos, mientras miles de familias vulnerables quedan fuera del sistema o dependen de intermediarios que usan la necesidad como moneda de cambio.
Peor aún, la opacidad abre las puertas al clientelismo político, ese viejo mal que convierte la asistencia en un favor y al ciudadano en rehén. La ayuda social debe ser un derecho garantizado por el Estado, no un mecanismo de control electoral.
Evidentemente que la política social del gobierno ha perdido su rumbo. Hoy, la ciudadanía desconoce el manejo que se les da a esos fondos y el impacto real de los recursos públicos destinados a la asistencia.
Sin embargo, la solución no es eliminar los programas sociales, sino blindarlos. El país necesita procesos claros, auditorías públicas, datos abiertos, evaluaciones independientes, y un compromiso real con la rendición de cuentas.
Solo así la asistencia social puede recuperar su propósito original y la confianza de la ciudadanía.
La República Dominicana merece una política social digna, seria y transparente. Una política que no utilice la pobreza como arma electoral ni la necesidad como mecanismo de control.
Una política que funcione para la gente, no para el partido y los funcionarios.
Porque cuando la ayuda social pierde su rumbo, pierde también la Nación. Y es deber de todos exigir que vuelva a su verdadero camino: servir a los más vulnerables con transparencia, justicia y respeto.
jpm-am
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