El autor es ingeniero civil. Reside en Santo Domingo
La decisión de la Cámara de Diputados de enviar a una comisión especial el proyecto de ley que ordena el pago de la llamada deuda vieja a contratistas de obras estatales, abre una nueva etapa en un proceso que ya se ha prolongado por demasiado tiempo.
La observación realizada por el Poder Ejecutivo no niega la existencia de esa deuda, pues las obras existen, fueron ejecutadas, supervisadas y hoy están en servicio del Estado dominicano.
Lo que señala la observación es una cuestión de naturaleza jurídica ya que no todos los contratistas se encuentran en idéntica situación legal y, por tanto, no pueden ser tratados de forma uniforme por la ley.
Ese señalamiento no debería interpretarse como un obstáculo para el pago, sino como una oportunidad para que el Congreso Nacional corrija el texto legal y establezca mecanismos diferenciados de validación y pago que permitan resolver definitivamente esta situación.
En ese contexto, la comisión especial designada por la Cámara de Diputados tiene ahora una gran responsabilidad institucional y de su trabajo dependerá que el país avance hacia una solución justa y jurídicamente sostenible o que este problema continúe prolongándose indefinidamente.
Durante décadas, el pago de estas deudas acumuladas por el Estado ha estado rodeado de incertidumbre, trámites interminables e incluso prácticas que han sido señaladas como focos de corrupción.
Precisamente por eso, una ley clara y bien estructurada representa la mejor garantía para cerrar definitivamente este capítulo.
Los contratistas afectados no constituyen un grupo homogéneo en virtud de que existen al menos tres situaciones claramente diferenciadas.
Están los contratistas que ejecutaron trabajos adicionales fuera del límite contractual, los que realizaron labores de mantenimiento por instrucciones administrativas del Estado sin contrato formal, y aquellos cuyos expedientes han sido incompletados o desaparecidos con el paso del tiempo.
La solución, por tanto, no está en negar la deuda ni en paralizar el proceso legislativo, sino en diseñar mecanismos técnicos que permitan validar cada caso de acuerdo con su naturaleza jurídica.
El Congreso Nacional tiene hoy la oportunidad de transformar un problema histórico en una solución institucional.
Lo que no puede ocurrir es que esta deuda vuelva a quedar atrapada en los laberintos de una comisión legislativa.
Resolver esta deuda es fortalecer la institucionalidad.
jpm-am
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