EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.
No es alarma: es diagnóstico; un andamiaje penal y contractual busca apagar las calles y rematar lo público. No es un tropiezo del sistema: es su método, frío, manipulador y amoral.
El quiebre legal no se anuncia en ruedas de prensa: se esconde en los artículos del nuevo Código Penal. El bloque arts. 192, 207–210, 310 y 384 transforma la crítica en sospecha, la denuncia en delito y las libertades públicas en amenaza. Cuando la ley etiqueta como “cualquier violencia colectiva” un abanico elástico de conductas, lo que se tipifica no es el crimen: es la resistencia cívica. La mordaza no se pone con cinta: se regula con párrafos. La democracia no se pierde de un portazo; se va por goteo. Es, en los hechos, un quiebre constitucional.
El día de la entrada en vigor será también el del relato de “decisiones drásticas” como coartada para justificar el aumento de tarifas y el traspaso de control al sector privado como solución técnica. Se repiten cifras de pérdidas sin auditorías técnicas, públicas e independientes que las certifiquen.
Aun así, se pretende que el pueblo pague pérdidas sin pruebas y contratos sin auditoría. La ecuación es clara: sube la factura, sube la indignación, se violentan —o desaparecen— derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y se instala un terror legal sobre las libertades públicas. Gobernar con terror punitivo no es gobernar, pero a quien quiere rematar lo público le resulta útil.
Atraco legal
Ese quiebre abre paso a la otra cara del proyecto: la ingeniería del atraco legal. Fideicomisos públicos, concesiones y APP se venden como modernización, pero operan como cajas aparte donde el patrimonio común termina convertido en activos expropiados a favor de privados: se apalanca deuda con garantía social, se traslada el control real y, llegado el punto, se racionaliza el traspaso blindado. Cambian los nombres, no la ecuación: riesgo socializado, renta garantizada.
El caso de las EDE ilustra —solo ilustra— el mecanismo general. Se invoca un déficit sin auditorías públicas que lo certifiquen; se ocultan costos en una caja negra; la factura sube mientras se prepara el traspaso de control al privado como “solución técnica”. Las sombras no vienen de la noche: vienen del papel.
El insulto añadido es señalar al ciudadano como ladrón de luz mientras el sistema oculta sus propias pérdidas contables. La sombra está en los papeles, no en los postes.
Lo que asoma en el horizonte no necesita proclamas. Nadie se sorprenderá si, en el trienio que le queda a esta partidocracia, se encadenan privatizaciones (con las EDE como ejemplo), endeudamiento acelerado y despojo de riqueza pública a velocidad de decreto: el cierre de un ciclo de treinta años que busca reciclarse instalando una dictadura pura y dura, sin clientelas y con control. Tres décadas que las futuras generaciones podrían recordar como las más funestas si hoy miramos a un lado.
La pinza tributaria completa la estructura de control. La facturación electrónica sería útil con equidad, simplicidad y debido proceso; sin eso, sus garras convierten un error de una pyme en amenaza y un descuido en expediente penal. Llevada al extremo, la hiperexigencia termina pidiendo identificación hasta para comprar agua. Eso no formaliza: oprime. Sin confianza, la formalidad se vuelve amenaza.
Del clientelismo a la opresión no hay salto ético: hay cambio de instrumento. Se anuncia la muerte de la dádiva, pero avanza la autocracia corporativa: más garrote para el pueblo, más blindaje para la cúpula; política secuestrada, contratos blindados, activos públicos expropiados, terror disuasorio.
Y en los extremos que se tocan, el resultado converge: el comunismo expropia lo privado y el neoliberalismo extractivo expropia lo público; uno centraliza por decreto, el otro por concesión; en ambos, la cúpula vive en opulencia y el pueblo queda en la indefensión. Si el pueblo no despierta a tiempo, el yugo se hará más pesado, la opresión más cruda y la miseria más honda, sin vuelta atrás.
Lo que consagra la Constitución es justo lo que pretenden criminalizar y tipificar como delito: los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; el control ciudadano de los actos del poder; la prensa que interpela y el juez que controla. Esos derechos están consagrados en nuestra Constitución: no son concesión del poder, son derechos del pueblo.
Un Estado Social y Democrático de Derecho no teme la voz disidente: la reconoce como freno de emergencia del poder. No asfixia a quienes trabajan y producen; los acompaña para que cumplan. No esconde los números: los abre. Apagar la alarma es encender el incendio, porque donde no hay justicia, tampoco puede haber paz.
En el Frente Cívico y Social nuestra propuesta indeclinable es simple y verificable: hacer valer lo que ya consagra la Constitución mediante garantías efectivas y exigibles de los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; paralizar de inmediato cualquier intento de despojo de lo público; auditar de forma pública el sistema eléctrico y todos los contratos y estructuras (APP, fideicomisos, concesiones), con beneficiarios finales a la vista.
Tras esas auditorías, se revisará y, cuando la ley lo establezca, se corregirán o revertirán los actos que hayan implicado enajenación del patrimonio común, priorizando el resarcimiento al Estado y la determinación de responsabilidades por las vías administrativas, civiles o penales que correspondan, con pleno respeto al debido proceso.
Además, se decretará una moratoria al endeudamiento que no genere valor público. Y seamos claros: mientras gobierne esta partidocracia, nada de esto se hará realidad; su fuerza descansa en la opacidad y el terror legal. En el FCS damos por hecho que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho es innegociable y que solo candidaturas independientes, libres de ataduras, podrán convertir ese mandato en realidad.
Esta partidocracia ya no viene por tus votos; viene por tus libertades y por el patrimonio de todos. No escuchan al pueblo; convierten sus derechos en delito. Con la Constitución por bandera y la verdad por escudo, ¡vamos, pueblo! ¡Despierta, RD!
jpm-am
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