El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
En mayo de 2025, el gobierno dominicano introdujo al Congreso un proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, con la finalidad de sustituir la antigua Ley 6132 de 1962.
El contexto digital y el ecosistema mediático actual exigen una reforma legal que aborde tanto los nuevos medios como los derechos fundamentales en un Estado democrático. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado tanto expectativa como preocupación entre sectores de la sociedad civil y el periodismo.
El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que regulará los contenidos difundidos en radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales. Aunque el INACOM estaría adscrito al Ministerio de Cultura, se le otorga autonomía funcional, presupuestaria y personalidad jurídica. Sin embargo, el hecho de que sus directivos sean propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado genera dudas sobre su independencia real.
El INACOM podrá imponer sanciones, suspender espectáculos y solicitar informaciones a los medios de comunicación. Si bien se estipula que la mayoría de estas medidas deben contar con orden judicial, se exceptúa esta exigencia en casos de «protección a la niñez» o vulneración a la «dignidad humana». El problema reside en que ambos conceptos carecen de definiciones precisas dentro del texto legal, abriendo la posibilidad a usos discrecionales y restrictivos.
El proyecto exige que plataformas digitales con más del 10% de usuarios dominicanos tengan representación legal en el país y revelen públicamente sus políticas de moderación de contenido. Esta disposición sigue modelos regulatorios internacionales, pero su aplicabilidad local plantea desafíos legales, técnicos y diplomáticos, especialmente con empresas tecnológicas extranjeras.
Una sección valiosa del proyecto es la despenalización de las expresiones y publicaciones, eliminando la posibilidad de que periodistas o ciudadanos vayan a prisión por sus opiniones. Las sanciones serán civiles, como multas o suspensiones temporales, lo que representa un avance frente a legislaciones pasadas que criminalizaban la crítica.
Además, se consagran derechos esenciales para el ejercicio del periodismo: el secreto profesional, la cláusula de conciencia y la objeción ética. Igualmente, se reafirma el derecho al acceso universal a Internet y se prohíbe toda forma de censura previa, lo que garantiza el principio de libertad de expresión ex ante.
El proceso de redacción contó con la participación de una comisión múltiple liderada por el jurista Namphi Rodríguez y figuras de peso en el periodismo nacional como Miguel Franjul, Inés Aizpún, Edith Febles y Huchi Lora. Asimismo, se realizaron consultas con organismos internacionales como la ONU, UNESCO, CIDH y la Sociedad Interamericana de Prensa, lo cual refuerza su legitimidad técnica y su alineación con estándares internacionales.
Temor
A pesar de estos logros, el temor generalizado es que esta ley pueda transformarse en un instrumento de censura si es manipulada por gobiernos autoritarios. La experiencia histórica dominicana demuestra que los mecanismos legales, aunque diseñados con buenas intenciones, pueden volverse herramientas de represión cuando no existen controles democráticos eficaces.
Por tanto, es urgente dotar al proyecto de definiciones jurídicamente estrictas y crear órganos independientes de fiscalización del INACOM. También se hace necesario que la sociedad civil, los gremios periodísticos y la academia participen de manera constante en la evaluación de su implementación.
La reforma legal de los medios no puede reducirse a controlar el contenido. Debe contribuir a consolidar una cultura democrática basada en la pluralidad, el respeto al disenso y la transparencia informativa. Una buena ley de expresión no es la que calla al crítico, sino la que protege su derecho a incomodar.
Finalmente, la eficacia de esta nueva legislación dependerá menos de su redacción inicial que de su aplicación concreta. En un país donde la institucionalidad es frágil, la vigilancia ciudadana y el escrutinio público serán fundamentales para evitar retrocesos democráticos.
El proyecto contiene avances relevantes, pero también zonas grises que deben afinarse. La República Dominicana está ante una oportunidad histórica de actualizar su legislación sin comprometer los valores esenciales de una sociedad libre y plural.
jpm-am
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