Por: Dr. Rafael Guerrero Peralta
Lo que estamos presenciando en 2026 no es una operación más contra el narcotráfico. Es un punto de inflexión estratégico.
Las recientes operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y México en Sinaloa, así como las acciones coordinadas
entre fuerzas colombianas y agencias estadounidenses en la selva contra laboratorios de cocaína, envían una señal inequívoca:
Washington ha decidido tratar a los cárteles como amenazas directas a la seguridad regional.
En México, la autorización del Senado para permitir operaciones combinadas aire-mar-tierra representa un cambio doctrinal
de alto impacto. No es un gesto simbólico; es la admisión formal de que las estructuras criminales han superado el umbral
del delito común para convertirse en actores con capacidad cuasi-insurgente. La cooperación operacional directa redefine
la relación bilateral en materia de seguridad y eleva el combate al crimen organizado al rango de prioridad estratégica.
En Colombia, el desmantelamiento sistemático de infraestructura logística y financiera confirma que el enfoque ya no es
reactivo sino estructural. No se trata solo de capturar cabecillas; se trata de desmontar redes completas: producción,
logística, financiamiento y protección política.
Este giro redefine el problema. Los cárteles ya no son simples organizaciones criminales; operan como estructuras híbridas
con capacidad territorial, armamento avanzado, influencia política y redes financieras transnacionales. La pasividad
institucional demostró ser insuficiente. La nueva fase es de determinación abierta.
Para el Caribe, esto implica una reconfiguración inmediata. La interdicción marítima será reforzada. Las rutas de tránsito
serán vigiladas con mayor intensidad. República Dominicana, por su posición estratégica, no puede observar pasivamente.
Debe fortalecer su inteligencia financiera, blindar el financiamiento político, depurar estructuras vulnerables y
profundizar la cooperación marítima regional.
Haití representa un punto crítico. El vacío institucional y el control territorial de bandas armadas lo convierten en
una posible plataforma logística para redes criminales transnacionales. Si no se estabiliza, el riesgo de expansión
criminal hacia el Caribe será real y creciente.
La señal es clara: Estados Unidos ha decidido actuar con firmeza. Pero la firmeza militar debe ir acompañada de reformas
estructurales en los Estados de la región. Sin depuración institucional, independencia judicial y control efectivo del
lavado de activos, el fenómeno se reciclará.
Estamos ante una oportunidad histórica. O los Estados aprovechan esta convergencia estratégica para restaurar autoridad
institucional y cerrar espacios a la corrupción estructural, o enfrentarán una nueva fase de fragmentación criminal
aún más sofisticada.
La determinación está en marcha. Ahora corresponde a cada Estado decidir si acompañará esta ofensiva con reformas reales
o si quedará expuesto a las consecuencias de la inacción.