Un nuevo caso de manejo irregular de activos estatales ha encendido las alarmas en la costa norte del país. Documentos oficiales del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y del Registro de Títulos de Puerto Plata revelan la transferencia de una superficie masiva de terrenos estratégicos por una cifra que muchos califican de «irrisoria».
5.4 millones de metros cuadrados en la mira
Informa Eltestigo que la propiedad en cuestión es la Parcela No. 263, ubicada en la zona de Guainamoca de los García, en San Felipe de Puerto Plata. Por su cercanía al ambicioso proyecto turístico de Punta Bergantín, estos terrenos poseen un valor estratégico incalculable para el desarrollo de la región.
Sin embargo, según una certificación del CEA fechada en 2008, la transacción se basó en un contrato original del año 2002 que valoró los 5,424,514 metros cuadrados en apenas RD$4,312,975.00.
El dato insólito: El cálculo matemático arroja un precio de venta de menos de un peso dominicano por metro cuadrado, una cifra que no guarda ninguna relación con el valor de mercado de la zona.
Una solicitud de transferencia que revive el caso
A pesar de que el contrato original tiene más de dos décadas, el caso volvió a la actualidad el 27 de junio de 2024. En esa fecha, Rafael Abraham Burgos Gómez, actuando como director honorífico del CEA, solicitó formalmente al Registro de Títulos de Puerto Plata la transferencia definitiva de la propiedad basándose en los documentos antiguos.
Detalles técnicos del título:
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Ubicación: Distrito Catastral No. 03, Puerto Plata.
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Superficie exacta: 5,424,514 m².
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Matrícula del título: No. 3000358996.
¿Regalo del patrimonio público?
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la protección de los bienes del Estado. Analistas y figuras de la sociedad civil advierten que este tipo de enajenaciones, donde se entregan títulos por montos simbólicos sobre tierras de alto potencial turístico, representan un golpe directo al patrimonio nacional.
Mientras el sector turístico pone sus ojos en Punta Bergantín como el próximo gran destino, la sombra de esta transferencia a «precio de vaca muerta» pone en duda la transparencia en la gestión histórica y actual de los terrenos del CEA.