Fractura entre estadísticas del gobierno y la experiencia social

POR EMELYN HERASME

El gobierno dominicano anunció con júbilo que más de dos millones de personas habían “salido de la pobreza” entre 2020 y 2024. La noticia, presentada como un triunfo de la gestión actual, se difundió como prueba irrefutable del progreso nacional.

Sin embargo, en cuanto el discurso oficial celebra estadísticas “alentadoras”, las familias trabajadoras se preguntan cómo es posible hablar de prosperidad cuando los salarios no alcanzan la canasta básica

Sostengo una tesis precisa: la metodología oficial para medir la pobreza no guarda correspondencia con la realidad social dominicana y opera como instrumento de legitimación política. ¡Tal cual!

Etimológicamente, “pobreza” proviene del latín pauper, designación de la carencia material; históricamente, las formas de medir esa carencia han sido objeto de disputa política, pues decidir la «vara» de la pobreza implica definir a quién se considera sujeto de derecho y qué políticas merecen prioridad (a quien beneficia). La técnica estadística, lejos de ser neutral, es una decisión política.

Conviene contextualizar que en las últimas décadas la medición de la pobreza transitó del enfoque unidimensional (centrado exclusivamente en el ingreso monetario) hacia instrumentos más complejos como el índice multidimensional.

Sin embargo, en nuestro contexto hemos retrocedido hacia métodos de medición que buscan más quedar bien en las comparaciones internacionales que reflejar la vida real de la gente. Esa obsesión por la simplicidad estadística borra las dimensiones centrales de una vida digna.

Es la expresión de una lógica neoliberal que traslada los riesgos a las familias y descarga sobre ellas responsabilidades que deberían ser asumidas por el Estado.

Múltiples realidades

Medir la pobreza sólo en función de ingresos monetarios es más cómodo que aceptar la urgencia de transformar la matriz productiva, garantizar vivienda digna o reformar el sistema tributario. El contraargumento se diluye cuando observamos que organismos multilaterales como la CEPAL ya impulsan índices multidimensionales que contemplan educación, salud, seguridad social,acceso a servicios básicos y de telecomunicaciones, como componentes esenciales del bienestar.

La pobreza estructural en República Dominicana se manifiesta en viviendas precarias, sistemas de salud saturados, escuelas con techos agrietados y barrios sin agua potable, y de los apagones, ni hablemos!!

No basta con calcular ingresos monetarios, la desigualdad territorial, la exclusión de mujeres y jóvenes del mercado laboral formal, y la vulnerabilidad alimentaria son realidades que no se capturan en una fórmula matemática.

Desde lo empírico, la desconexión entre cifras y realidad se vuelve palpable en la cotidianidad: la madre que trabaja en una zona franca, pero no logra costear la merienda escolar de sus hijos; el joven que consigue un empleo temporal, pero sin seguro de salud ni estabilidad; el adulto mayor que, tras décadas de trabajo informal, sobrevive sin pensión. Ninguno de ellos “ha salido de la pobreza” porque lo indique un informe estadístico.

La estadística puede mostrar una mejora marginal del ingreso monetario mientras se mantienela precariedad laboral, la inseguridad alimentaria y la exclusión territorial.

Los defensores de la metodología vigente arguirán que “la estandarización es necesaria para la comparabilidad internacional y que los incrementos de ingreso evidencian una mejora objetiva”. Tienen la razón, pero no la suficiente, la comparabilidad importa, pero no es justificativo para sacrificar la exhaustividad diagnóstica.

Además, las ganancias nominales en ingreso son irrelevantes si no superan el efecto del alza de precios, la informalidad y la pérdida de derechos laborales; por tanto, la supuesta salida de la pobreza puede ser meramente estadística y no material.

Ok, propongo una reforma metodológica y un paquete de políticas públicas coherentes.

Metodológicamente, urge adoptar un Índice Multidimensional de Privación (IMD) que incorpore, al menos, dimensiones de ingreso, empleo digno, salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos; dicha medida debe producirse con datos desagregados por territorio, género, edad y etnicidad, y acompañarse de auditoría independiente y participación comunitaria en la validación de indicadores. Así si se captura la complejidad de la exclusión.

En términos de políticas públicas, la propuesta es radicalmente propositiva y redistributiva: (a) indexar el salario mínimo a la canasta básica y al ritmo inflacionario real, con mecanismos automáticos de ajuste; (b) fortalecer la provisión pública de salud y educación, ampliando la cobertura y la calidad mediante financiamiento progresivo; (c) lanzar un plan nacional de vivienda popular con titulación y urbanismo inclusivo; (d) promover una reforma tributaria que aumente la progresividad y financie derechos sociales.

Señoras y señores, es imprescindible disputar el sentido común dominante que naturaliza las alegrías estadísticas como sinónimo de justicia social. Cuestionar la metodología no es esgrimir tecnicismo para la nicieza académica, es reclamar que la medición sirva para orientar transformaciones reales y no para blanquear inacción.

En la arena pública debemos cambiar el eje del debate, pasar de «¿qué dicen las cifras?» a «¿qué vive la gente?». Solo entonces la República Dominicana podrá aspirar a políticas que coloquen la dignidad material en el centro de la política y no al margen de los gráficos.

jpm-am 

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