El autor es abogado. Reside en Santo Domingo Oeste
El gobierno del PRM llegó al poder bajo la promesa de un cambio ético y una transformación profunda. Sin embargo, al navegar por las búsquedas de Google, se percibe una dualidad constante entre el discurso de transparencia y la realidad política. La gestión de Luis Abinader enfrenta hoy el desafío de sacudirse los fantasmas del pasado que parecen repetirse.
A pesar de los esfuerzos por procesar casos de corrupción administrativa, la percepción ciudadana sigue siendo de escepticismo. Operaciones como Coral o Falcón han tocado estructuras de poder, pero la lentitud en las condenas genera dudas razonables. Google refleja un inventario de funcionarios destituidos, lo que para unos es pulcritud y para otros, debilidad institucional.
El tema del narcotráfico es, quizás, el punto más crítico y espinoso para el partido oficialista en la red. Se reportan vínculos directos de legisladores y alcaldes del PRM con redes de tráfico internacional de sustancias ilícitas. Casos como el de Miguel Gutiérrez en Miami han manchado la imagen del cambio con el lodo de la narcopolítica.
La libertad de expresión también ha estado en el ojo del huracán por intentos legislativos de regulación. Proyectos de ley que buscaban controlar contenidos digitales fueron vistos como herramientas de censura encubierta por la sociedad. Aunque el gobierno defiende su vocación democrática, el debate sobre el derecho a disentir permanece más vivo que nunca.
El endeudamiento público es otro pilar de las críticas que inundan los motores de búsqueda actualmente en el país. Se cuestiona que el ritmo de préstamos internacionales no se traduce en un gasto de capital eficiente o visible. Para muchos analistas, el país se está hipotecando sin que se perciba una mejora sustancial en los servicios básicos.
La transparencia en el uso de los fondos públicos es el caballo de batalla de la oposición política nacional. Mientras el gobierno publica estadísticas de ahorro, sectores sociales denuncian una falta de claridad en las nóminas públicas. El «gasto responsable» parece ser un concepto elástico que depende de quién presente las cifras en cada momento.
En las plataformas digitales, los ciudadanos expresan su frustración por el alto costo de la vida frente a la deuda. Google es el archivo donde reposan las promesas de campaña comparadas con el ejercicio real de la función pública actual. El contraste entre el discurso de austeridad y el presupuesto de publicidad estatal genera contradicciones muy difíciles de ignorar.
El vínculo de miembros del partido con el crimen organizado no solo es un problema judicial, sino una crisis ética. El PRM ha intentado desvincularse de estas figuras, pero el daño reputacional en la opinión pública digital es innegable. La pregunta que flota en el aire es qué tan profundas son las raíces de estos intereses en el poder.
Coartar la expresión ciudadana, aunque sea de forma sutil, siempre encuentra resistencia en la era de la información global. Los intentos de «modernizar» las leyes de prensa han sido interpretados como un retroceso a épocas que se creían superadas. La vigilancia constante de la sociedad civil es lo que ha frenado, en parte, estas iniciativas de control.
Finalmente, el gobierno del PRM se encuentra en una encrucijada entre su legado histórico y las demandas del presente. La red no olvida las promesas de cambio, pero tampoco ignora los escándalos que surgen en cada nuevo ciclo noticioso. El futuro del partido dependerá de su capacidad para sanear sus filas y transparentar sus cuentas reales.
jpm-am
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