EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
La depreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense constituye uno de los factores más influyentes en la dinámica inflacionaria de la economía nacional. De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD, 2025), durante el período comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la tasa de cambio experimentó un deslizamiento significativo: de 58.49 pesos por dólar en enero de 2024, pasó a 60.45 en diciembre de 2024 y alcanzó 63.88 en septiembre de 2025. Este incremento, que equivale a una depreciación acumulada superior al 9 % en menos de dos años, se ha traducido en presiones constantes sobre los precios internos, especialmente en la canasta básica familiar.
La relación entre el tipo de cambio y los precios responde a la alta dependencia de la economía dominicana de bienes importados, tanto de consumo final como de insumos productivos. En su Informe de Política Monetaria (BCRD, 2024), se destaca que más del 70 % de los bienes intermedios utilizados en la producción local provienen del exterior, lo que hace que la depreciación del peso tenga un efecto de transmisión inmediata hacia los costos y, por ende, hacia los precios al consumidor. Esta situación explica que productos esenciales como el arroz, el pollo o las legumbres hayan duplicado sus precios en pocos años: el arroz pasó de 21 pesos la libra a 50 pesos; el pollo, de 48 pesos en 2021 a 115 pesos en 2025; mientras que la auyama, las habichuelas y los guandules han seguido una trayectoria ascendente.
El impacto sobre la canasta familiar es evidente. Según datos ofrecidos por algunos comunicadores, su costo pasó de 33,850 pesos en agosto de 2024 a 45,678.27 pesos en agosto de 2025, lo que representa un aumento cercano al 35 %. En contraste, el salario mínimo promedio permanece en 19,521 pesos, lo que revela una brecha creciente entre ingresos y gastos básicos. Este desajuste confirma lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), que advierte que la República Dominicana enfrenta un escenario de pobreza monetaria estructural, producto del rezago salarial frente al costo de la vida.
El encarecimiento no se limita a los alimentos. Los medicamentos, electrodomésticos y alquileres presentan incrementos igualmente desproporcionados, configurando un cuadro de inflación generalizada. La respuesta gubernamental, centrada en medidas asistenciales como el aumento de bonos subsidiados, el fortalecimiento de los comedores económicos y las ventas subsidiadas a través del INESPRE, evidencia un reconocimiento implícito del problema. Sin embargo, estas acciones son de carácter paliativo y no inciden en los factores estructurales que originan la inflación. Al contrario, fomentan una dependencia del subsidio y reproducen una cultura de asistencialismo que, en el mediano plazo, puede resultar contraproducente.
La ausencia de un mecanismo de indexación salarial frente a la inflación y la depreciación cambiaria profundiza la brecha social. Los trabajadores y pensionados permanecen rezagados en un contexto donde los precios crecen con mayor rapidez que los ingresos. Esta desconexión entre política salarial y dinámica inflacionaria tiende a erosionar el poder adquisitivo de los hogares, incrementando la desigualdad y debilitando la cohesión social.
En este contexto, se hace necesario implementar una estrategia integral de estabilización macroeconómica. Algunas recomendaciones clave incluyen:
Fortalecer las reservas internacionales para mitigar presiones sobre el tipo de cambio y garantizar estabilidad financiera.
Impulsar la producción nacional de alimentos básicos, con políticas de apoyo al sector agropecuario que reduzcan la dependencia de importaciones.
Revisar la política salarial incorporando mecanismos de ajuste vinculados al índice de inflación, siguiendo las recomendaciones de organismos multilaterales como la OIT y la CEPAL.
Focalizar los subsidios hacia los sectores más vulnerables, mejorando su transparencia y reduciendo su uso como herramienta coyuntural.
En definitiva, la depreciación del peso dominicano frente al dólar no constituye un fenómeno aislado, sino un catalizador de tensiones económicas y sociales que, de no ser abordadas con políticas integrales, pueden comprometer la estabilidad y el bienestar social. El desafío para el gobierno dominicano no radica en administrar la pobreza mediante subsidios, sino en construir las bases de una economía más competitiva, productiva y equitativa, capaz de garantizar a la población el acceso a bienes esenciales con ingresos dignos.
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